Tan sólo un día después de haber rendido su segundo informe de labores, el Presidente López Obrador dio a conocer —por medio de un tuit — que el titular de la Oficina de la Presidencia dejaría el cargo.
Alfonso Romo, hasta entonces, fungió una labor de acercamiento con el sector empresarial para procurar la inversión privada requerida para los diversos programas y proyectos impulsados por el propio Presidente. Una labor titánica, si se considera el estigma con el que carga López Obrador desde 2012 derivado de la campaña política orquestada en su contra por el propio gremio de empresarios que lo proyectó como un peligro para México y que lo privó de la Presidencia en aquel momento.
Su salida se da en medio de la compleja negociación —con el sector privado, principalmente— en torno a las medidas que busca impulsar la actual administración para proscribir la subcontratación laboral —el llamado outsourcing. Si bien, desde el momento del anuncio, Andrés Manuel ha tratado de transmitir la idea de que la renuncia se dio de mutuo acuerdo tras cumplirse el plazo pactado de dos años en el que Alfonso Romo se habría prestado para servir a la 4T, es evidente que la dimisión se presta a otras conjeturas.
Por más que se trate de vender la idea de que Romo dejó el cargo en los mejores términos y que, incluso, mantendrá su labor de vinculación con los empresarios sin ser ya funcionario público, la realidad es que en diversos momentos se ventilaron desacuerdos entre la política económica impulsada directamente por López Obrador y lo que tenían en mente el propio Romo y el gremio empresarial. Al tema del outsourcing, se suman las desavenencias tras la cancelación del proyecto aeroportuario en Texcoco, la revocación de permisos para la planta cervecera de Constellation Brands y discrepancias significativas en torno a la política energética impulsada por el Presidente.
Por si fuera poco, tras la renuncia de Romo, López Obrador también anunció la desaparición de la Oficina de la Presidencia de la República (OPR), so pretexto del tan pregonado ahorro de recursos —a pesar de que, a decir del propio AMLO, ni Romo ni su equipo cobraban. Si bien es facultad del Presidente en turno ajustarla a sus necesidades, desde su creación hace cinco sexenios la OPR ha constituido un área de apoyo y asesoría directa al Presidente en la que se han concentrado labores de vinculación con el gabinete, coordinación interinstitucional, seguimiento a acuerdos y órdenes presidenciales y coordinación de la comunicación social, principalmente. Dicha oficina ha sido ocupada por personajes como José Córdova Montoya (Salinas), Luis Téllez (Zedillo), Juan Camilo Mouriño y Gerardo Ruiz Mateos (Calderón) y Aurelio Nuño (Peña), entre otros.
Sea cual sea el verdadero motivo, la salida de Romo se toma como un mal presagio para el sector privado, en un momento en el que el país requiere echar mano de cualquier medio que le permita reactivar la economía ante el complicado y oscuro entorno nacional que padece los estragos de la pandemia y la no muy alentadora política económica de la actual administración.
