El miércoles pasado fue votada y aprobada por unanimidad en el pleno del Senado una propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo, que busca equidad salarial para hombres y mujeres deportistas, con lo que se le da turno a la Cámara de Diputados para su discusión y eventual aprobación.
Aunque la iniciativa —aprobada en comisiones desde mediados de noviembre del año pasado— aplica a las disciplinas deportivas en general, en su momento generó mucho revuelo en el ámbito futbolístico, por las abismales diferencias salariales entre las ligas varonil y femenil, por el pronunciamiento de las dirigencias de los equipos y de la propia presidenta de la liga en contra de la propuesta, y por haber quedado en evidencia un sinnúmero de irregularidades contractuales y laborales básicas dentro del gremio.
Es importante mencionar que la medida no busca igualar salarios como tal entre hombres y mujeres deportistas —lo cual sería inviable en diversas disciplinas, por lamentable que suene, incluso, so riesgo de desaparecer los circuitos deportivos respectivos—, sino poner un piso parejo en términos de sueldos y prestaciones base entre las personas que se dedican profesionalmente a practicar el mismo deporte.
Puesto de esta manera, es inevitable pensar que la medida resulta insuficiente —por decir lo menos—, pues se le podrá dar la vuelta fácilmente a través de sobresueldos o compensaciones adicionales al salario, con lo que las enormes diferencias en ingreso se mantendrían mayormente.
Sin embargo, resulta sorprendente saber que ni siquiera las condiciones laborales mínimas mandatadas por ley están garantizadas —hasta este momento todavía— para las mujeres que desempeñan la misma disciplina deportiva que los hombres, sin importar que ambos formen parte del mismo equipo, y que la informalidad laboral y doble nómina son un común denominador en este ámbito, independientemente del tamaño o prestigio de las instituciones deportivas en cuestión.
Es, entonces, un primer intento en el ámbito deportivo de equiparar las condiciones que deberían aplicar a cualquier espacio laboral formal y de trazar una ruta que, a la postre, permita acortar la brecha salarial, en la mayor medida posible, de quienes se dedican a la misma actividad. De aprobarse la iniciativa, quedaría en manos de la Secretaría del Trabajo definir el sueldo base y las condiciones en que se aplicaría la medida en un lapso máximo de 180 días.
Sea como sea, lo deseable sería que las diversas dirigencias e instituciones deportivas formen parte de la discusión antes de que, en su caso, se materialice, para que la medida no se convierta en letra muerta por su inaplicabilidad o por no haber considerado ciertas prácticas —legales e ilegales— inherentes al ámbito deportivo como puede ser el otorgamiento de bonos, la existencia de contratos múltiples o la relación con patrocinadores, por mencionar algunos.
Ojalá la medida se lleve a buen puerto y constituya acciones afirmativas y no cuestiones electoreras en torno a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.
