H asta antes de la semana pasada, el “viernes negro” hacía referencia a distintos episodios de estrepitosas caídas en las bolsas de valores de Estados Unidos —tan lejanas como 1869 o 1929, al inicio de la Gran Depresión— que dieron origen, años después, a la curiosa práctica de ofrecer productos y servicios a precios de liquidación justo al día siguiente del jueves de Acción de Gracias, en el llamado Black Friday.
Sin embargo, de la misma manera en la que el Black Friday ha sido replicado o adaptado en otras latitudes del mundo, el “viernes negro” se tropicalizó una vez más hace una semana —no precisamente en antelación al Buen Fin de este año— y, ahora, toma una connotación lastimosamente particular y bochornosa para el caso mexicano, a partir de la manera arbitraria e —a todas luces— ilegal en la que fueron aprobadas 18 reformas a diversas leyes por parte del Senado de la República, entre la noche del viernes y el sábado pasados, último día del periodo ordinario de sesiones.
En fast-track, se aprobaron 18 minutas sobre temas tan tersos como —entre otros— la reducción de la edad mínima para ocupar diputaciones o secretarías de Estado; la desaparición del Insabi y el traspaso de sus atribuciones al IMSS-Bienestar; la desaparición del Conacyt y, con ello, la extinción de lo poco que quedaba de apoyos para la ciencia y la tecnología; y la ampliación, una vez más, de facultades a la Sedena respecto al control de la aeronavegación, incluida la nueva línea comercial que operarán. Cabe resaltar que, dentro de este ímpetu y catarsis legislativo, no se contempló el nombramiento de los comisionados del Inai, pendiente desde hace un año.
Para lograr esta particular eficiencia legislativa, se hizo uso de complejas triquiñuelas, como no debatir ni hacer parlamentos abiertos sobre lo votado, no hacer consultas obligatorias por ley, no convocar a comisiones, recabar firmas sin sesionar y tomar protesta a suplentes para alcanzar el quorum requerido, entre los que destaca el caso de la ya célebre “senadora por un día” que ante la falta de quorum, Claudia Balderas pidió licencia para que su suplente, Tanya Carola Viveros, asumiera el cargo, votara lo exigido y, tan sólo CINCO horas después, devolviera el cargo, con el pequeño detalle de que Claudia se encontraba en Bélgica, por lo que no pudo haber firmado la solicitud de licencia en un inicio, para que su suplente tomara su lugar.
Ante tal desaseo en el proceso legislativo, diversos integrantes de los partidos de oposición ya anunciaron que impondrán acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que las reformas aprobadas sean declaradas ilegales e inconstitucionales, por no haber cumplido con el proceso parlamentario.
Así, una vez más, queda en cancha del máximo tribunal del país la definición de que temas tan complejos y diversos se hayan aprobado de esta manera para que, por el contrario, sean —por lo pronto— desechados y —posteriormente— discutidos como corresponde. Al tiempo.
