A 10 meses de que concluya el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, México no cuenta con la infraestructura, el personal y los materiales para hacer frente a la identificación forense masiva… y, por consiguiente, para cumplir con la promesa de encontrar a las y los desaparecidos.
A pesar de que siempre se repite desde Palacio Nacional que hay recursos ilimitados para la búsqueda de las más de cien mil personas desaparecidas en el país, documentos oficiales revelan las carencias de la Cuarta Transformación (4T) en este pendiente tan doloroso y sensible para la sociedad mexicana.
Le cuento: el 24 de marzo de 2019, durante la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el Presidente anunció que los recursos serían ilimitados y provendrían de los ahorros resultantes del Gobierno de austeridad. “No hay techo financiero… estamos haciendo un Gobierno austero, sin lujos, y los ahorros se destinarán a esta causa justa”, afirmó en esa ocasión.
Pero, pero, peeeeeeero, documentos del Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen) exhiben la debilidad en la promesa presidencial.
“El diagnóstico acerca de los recursos existentes para enfrentar esta situación indica que no se cuenta con la infraestructura necesaria, ni se tiene suficiente personal humano capacitado ni tampoco los materiales necesarios para una respuesta a nivel nacional”, se lee en los papeles del Inmegen.
Además, según este documento que poseo en mis pecaminosas manos Duendescas “…existe una falta de coordinación institucional a nivel nacional y regional, con solamente algunos esfuerzos aislados para combatir la crisis, y esto ha traído como resultado la falta de una metodología con enfoque masivo dirigida exclusivamente a la búsqueda de personas desaparecidas”, revela el escrito.
A eso hay que sumarle las renuncias (¿o despidos?) del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y de la comisionada Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, quienes encabezaban los esfuerzos para enfrentar la crisis forense y que dejaron su cargo un año antes de que concluya el sexenio en medio de un censo de desaparecidos cuestionable, que realizan los servidores de la nación.
Archivadas, si no es que olvidadas, están las estrategias de coordinación intersectorial para enfrentar la crisis e implementar las metodologías necesarias de identificación masiva.
“Para hacer frente a la creciente demanda de muestras que se espera ingresen al laboratorio, resulta imperativo ampliar nuestra capacidad operativa. Esto implica la adquisición de equipamiento adicional que incluya tecnología forense estándar, así como la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas. Estas medidas nos permitirán no sólo sostener el flujo actual de trabajo, sino también cumplir con los objetivos proyectados para la obtención masiva de perfiles genéticos”, concluye el Inmegen.
Entonces, la crisis forense se mantendrá hasta que no se genere una política pública nacional que reconozca los perfiles genéticos como un asunto de Estado.
Sólo cabe recordar que el Gobierno de México ha reconocido la existencia de más de 52 mil cuerpos sin identificar depositados en las fosas comunes de panteones del país, más decenas de sitios de hallazgo de fosas de inhumación clandestina donde se ubican miles de restos óseos, por ejemplo Jalisco, Guanajuato, Colima, Michoacán y Zacatecas, en municipios como El Salto, San Pedro, Tlaquepaque, Salvatierra, Acámbaro, Cortazar y Zapopan.
Basta por hoy, pero el próximo lunes… regresaréeeeeeeee!
