En su visita ayer a Tijuana, el Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al Gobierno de Estados Unidos de “financiar” la campaña en su contra, lo que calificó de “acción injerencista”, por lo que anunció que hará un reclamo a su homólogo, Joe Biden, lo que, al igual que con España, afectará las relaciones diplomáticas con los dos principales socios comerciales del país y que, en el caso del vecino del norte, podría tener serias y graves consecuencias.
Eso ocurrió, justo cuando en una audiencia en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, el subsecretario de Estado para el Hemisferio occidental, Brian Nichols, calificó de “problema tremendo y una mancha para todos nosotros”, los asesinatos de periodistas y miembros de la sociedad civil de México, y en plena embestida presidencial contra ellos, el Ejecutivo federal enfrentó airadas protestas de colegas de medios de comunicación en la población fronteriza por los asesinatos de sus colegas Margarito Martínez y Lourdes Maldonado.
DE ESTO Y DE AQUELLO…
Es tal la urgencia de dirigentes, legisladores y gobernadores de Morena en apoyar al Presidente, que en los últimos días han recurrido a las mismas viejas prácticas del PRI que tanto criticaran cuando eran oposición: convertirse en abajo firmantes de desplegados de prensa, convencidos como dicen estar, de que hay una campaña de supuestos adversarios para “debilitarlo”, cuando todos ellos alardean de que su popularidad se mantiene al alza.
No han dudado en acusar a quienes lo cuestionan, critican o piensan diferente, sean líderes de partidos políticos opositores, empresarios, medios de comunicación, periodistas y simples ciudadanos, de “golpistas”, “mercenarios” y “traidores a la patria” que se oponen a la transformación del país.
Si ya de suyo, el clima político y electoral se ha enrarecido por esas acusaciones desde las mañaneras contra supuestos “adversarios” del mandatario, a los que tilda de conservadores y neoliberales, de unos días para acá, tras que se diera a conocer el caso de la residencia de Houston que ocupara su hijo mayor, propiedad de un ejecutivo de una empresa petrolera contratista del gobierno, las cosas empeoraron por la reacción presidencial que originó.
En ambas Cámaras del Congreso, ayer y en días anteriores, ese caso se ha convertido en un escándalo ante la negativa de las bancadas de Morena en exigir que se ventile y discuta por el posible conflicto de intereses que entraña, y al que se ha agregado el caso de Vidanta.
Claro mensaje del presidente de la Corte: “sin periodistas no hay democracia”.
