La discusión de la Ley de la Industria Eléctrica, impugnada por la oposición, continuará hoy en el pleno de la Suprema Corte de Justicia, tras el receso declarado el jueves, y vuelve a colocar a los 11 ministros que lo integran en la mira de la opinión pública nacional e internacional, tras las advertencias-amagos del Presidente Andrés Manuel López Obrador a que definan “si son abogados que defienden el interés público o si puede más el poder de las empresas, y que no me vengan a mí con el cuento de que la ley es la ley”.
En otra más de las andanadas a quienes forman parte del alto tribunal de justicia, que lunes y martes declararon inconstitucional y echaron abajo tanto el candado de 10 años para que exservidores públicos no trabajaran en empresas privadas, como la facultad que tenía para manejar recursos públicos ahorrados, les dijo en su mañanera de ayer que lo que se va a demostrar, en el caso de esa ley, es “si son abogados que defienden el interés público o son abogados patronales y empresariales”.
DE ESTO Y DE AQUELLO…
Más tardó el Ejecutivo federal en acusar al gobierno de Estados Unidos de hacer lobbying en contra de su Reforma Eléctrica, que el embajador de ese país, Ken Salazar, en acudir a Palacio Nacional en pos de una explicación en un encuentro privado con él, que marca un nuevo desencuentro que esa polémica iniciativa tendrá graves consecuencias, no sólo económicas, sino políticas para el país.
Tanto la negativa de los partidos políticos de oposición, agrupados en la coalición Va por México, a aprobar esa reforma si no se le hacen cambios de fondo, no de forma, como el anticipado rechazo senatorial de las bancadas del PAN-PRI-PRD y del Grupo Plural opositor, llevó al Presidente a decir que quienes en el Congreso de la Unión voten en contra de ella serían “traidores a la patria”.
Es tal la preocupación que priva en los altos niveles de mando, de Morena y la 4T, de que la consulta del próximo domingo no tenga la afluencia que esperan que desde las cúpulas gubernamentales, federal, estatales y municipales, no han dudado en violar tanto la Constitución como las leyes electorales para promoverla, fijarse “cuotas de votos” y disponer de recursos públicos.
Por ello, el INE anunció que impondrá medidas cautelares, tanto al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, como a otros 10 servidores públicos y a gobernadores que tan entusiastamente violan la veda impuesta por ese organismo, que ayer no dudó en impedir que Morena instalara sus propias casillas para la jornada dominical, con el propósito de inflar por su cuenta la votación y ratificación de López Obrador.
