Algo debe pasar por la mente del Presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando no sólo ha endurecido sus acusaciones contra periodistas y medios de comunicación que incluso lo han llevado a incumplir códigos y leyes, sino que ahora ve una “conspiración” contra su Gobierno por parte del de Estados Unidos, por suspender la importación de aguacate mexicano en víspera del Super Bowl, este domingo.
Aseguró en su mañanera de ayer que “los productores que deseaban competir con los productos mexicanos, o por factores políticos, jugaron un papel en esa decisión porque en todo esto hay también muchos intereses económicos, políticos, hay competencia, no quisieron que el aguacate mexicano entrara a Estados Unidos o predominara por su calidad”; no obstante que en ese evento, como en todos los anteriores, se consumieron toneladas de ese producto michoacano que anticipadamente importó ese país.
DE ESTO Y DE AQUELLO…
La denuncia de un inspector estadounidense que revisaba la calidad de aguacate en Uruapan, de haber sido amenazado a través de su teléfono celular oficial, fue lo que motivó que el gobierno de la Unión Americana suspendiera las importaciones de ese producto, a lo que se refirió el Ejecutivo federal en su conferencia de prensa, según se reveló en un comunicado de la Secretaría de Agricultura.
Un hecho similar ocurrió en 2019, añadió la dependencia, en aquel municipio, que llevó a EU a advertir que suspendería las importaciones de aguacate si no se garantizaba la seguridad de los funcionarios de ese país que llevan a cabo la inspección correspondiente, lo que nada tiene que ver con lo mencionado por López Obrador y sí con las amenazas del narco que opera en Michoacán.
En respuesta al anuncio presidencial de “pausar” las relaciones diplomáticas con España por las acusaciones del “saqueo” de las empresas ibéricas que generan energías limpias aquí y tras descalificarlas de “injustificadas”, el Ministro de Asuntos Exteriores de ese país, José Manuel Albares, respondió que lo que se tiene que hacer es acelerarlas, como ha ocurrido desde hace 15 o 20 años.
Escala el escándalo de José Ramón López Beltrán, al explicar que es “asesor legal” de una empresa privada en Houston de la que provienen sus ingresos, pero en el portal State Bar of Texas, no aparece registrado como abogado y aquella, KEI Partners, cuyos ejecutivos son hijos de Daniel Chávez Morán, dueño también de Vidanta —y amigo de AMLO— tiene una página web con escasa información.
Patricia Armendáriz, empresaria metida a diputada federal de Morena, a la que se le ocurrió proponer que “por su función crítica de informar”, todos los periodistas deberían transparentar sus ingresos, dio marcha atrás y ofreció disculpas a los “verdaderos apóstoles de la información”.
