Más, quizá, que el conflicto electoral que arrecia y empeora a diario por las resoluciones del INE al aplicar estrictamente la ley en esa materia y la cada vez más preocupante embestida contra ese organismo, no es el de las vacunas anti-Covid que real, o supuestamente, fueron compradas y pagadas, pero que no llegan o tardan porque hay “dificultades o imposibilidad” en obtenerlas, según admitió ayer el canciller Marcelo Ebrard, sino esa rotunda negativa gubernamental a que el personal médico de hospitales privados sea inmunizado que puede tener peores consecuencias para el Gobierno federal.
Y es que igual en que se ha rehusado a usar el cubrebocas, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechaza las exigencias de vacunación de médicos, enfermeras y administrativos de esos nosocomios, las tilda de “injustas” y acusa a sus imaginarios enemigos de “manipularlos y echárselos encima”.
DE ESTO Y DE AQUELLO…
Mientras en México los cárteles de la droga se multiplican impunemente a lo largo y ancho de la República, actúan a placer y hasta con protección de algunas autoridades de distintos niveles, el gobernador de Texas, Greg Abbott, le pidió al presidente de su país, Joe Biden, que declare como “organizaciones terroristas extranjeras” y ya es tiempo de que proceda contra ellas.
En medio de presiones, acusaciones y amenazas de los que ha sido blanco el INE de cara a las elecciones de junio, a cuyos consejeros el Presidente López Obrador, dirigentes y legisladores acusan de no tenerles confianza por ser “corruptos” y estar al servicio de intereses económicos y políticos, pocos parecen recordar que la mayoría es la misma que organizó, vigiló y reconoció el proceso de 2018, cuando el tabasqueño logró —en su tercer intento— arribar a su actual cargo.
Igualmente fue la oposición de izquierda de entonces, agrupada en el PRD que hoy está en Morena, y sus aliados, los que exigieron y propusieron reformas a la legislación electoral y cuya vigencia y aplicación, hoy, por parte del Consejo General actual, que encabeza Lorenzo Córdova Vianello, es cuestionada y rechazada tanto por el propio Ejecutivo federal, que pugnara por ellas, como por dirigentes y legisladores de Morena, que sus candidatos violan.
A dos semanas de que concluya la actual legislatura, la bancada de Morena y sus aliados en el Senado introdujeron un transitorio a la Ley Orgánica del Poder Judicial para ampliar a seis años el periodo del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, que debería concluir el año próximo, lo que la oposición califica como un “albazo, un golpe de Estado” por ser una flagrante violación constitucional.
