Tal como lo advirtiera, la Suprema Corte de Justicia echó abajo, por inconstitucional, la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica de 2021 que buscó favorecer a la Comisión Federal de Electricidad por encima de las empresas privadas que generan energías limpias, y concedió el primero de cientos de amparos que éstas presentaron en su momento contra los siete principales artículos al violar las reglas sobre generación y mercado eléctrico mayorista previsto en la Carta Magna.
La Segunda Sala del alto tribunal que concedió ese primer amparo, precisó que éste sólo fue concedido a seis de ellas, pero su efecto práctico es dejar de aplicar la reforma aprobada hace tres años para obligar a las autoridades a operar con la versión anterior de esa ley porque, de beneficiar sólo a las quejosas, se provocarían distorsiones en el mercado.
DE ESTO Y DE AQUELLO…
La mañanera del Presidente López Obrador tuvo ayer un sorpresivo giro cuando él mismo abordó la acusación del periodista estadounidense Tim Golden, basada en una investigación en 2006, con versiones atribuidas a un testigo protegido de que la campaña del entonces candidato presidencial opositor fue financiada por el Cártel de Sinaloa con una aportación de dos millones de dólares, a cambio de facilitar sus operaciones en el país.
“Es completamente falso, es una calumnia. No hay ninguna prueba, son unos viles calumniadores”, estalló, al atribuir esos reportajes a que es tiempo de elecciones en Estados Unidos y a que “las agencias y el Departamento de Estado tienen mucha influencia en los medios de comunicación y que aquéllas no dejan de dedicarse a la subversión, al espionaje, a la politiquería, al chantaje”.
Esos reportajes de Golden, editor especial de ProPublica, se basaron en la información que inició la DEA en 2010, cerrada al año siguiente, no porque no hubiera pruebas suficientes, explicó, sino “porque Estados Unidos enfrentó dificultades para indagar esos temas en México y el Departamento de Justicia y los fiscales de Nueva York decidieron cerrar el caso sin avanzar”.
Tras posponer dos semanas la multa de 62.2 millones de pesos a Morena por irregularidades contables en su proceso interno de selección de su candidato presidencial, cuyos gastos no reportó, el Tribunal Electoral aprobó su aplicación con los votos de cuatro magistrados.
Por cierto que causó extrañeza esa declaración de la exjefa de Gobierno de diferir de las advertencias de los magistrados del Tribunal sobre la injerencia del crimen en campañas electorales, en las que aseguró que Morena está blindada ya que, en lo que va del año, han sido ejecutados al menos cuatro ediles de otros partidos que aspiraban a relegirse o a contender por otros cargos de elección.
