Por primera ocasión en este sexenio, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, titular de la Suprema Corte de Justicia, respondió de inmediato a la crítica del Presidente Andrés Manuel López Obrador, tras de que ocho de los 11 integrantes de la misma declararon inconstitucional la prisión preventiva a defraudadores fiscales y factureros “porque eso significa que va seguir protegiendo la corrupción de las minorías y evitará que los ‘fifís’ vayan a la cárcel”.
En un breve tuit, el presidente del máximo tribunal de justicia del país señaló que la mayoría de las personas sujetas a prisión preventiva oficiosa son de escasos recursos, porque “se trata de una condena sin sentencia que, por regla general, castiga la pobreza y esa medida, de acuerdo a la Constitución y normas internacionales, debe ser una medida excepcional”.
DE ESTO Y DE AQUELLO…
AL sumar la cuarta andanada consecutiva a la Universidad Nacional Autónoma de México, el mandatario insistió en que, en el sexenio salinista, esa institución cooptó a intelectuales y académicos, dijo que “se hamburguesaron” —aburguesaron, quiso decir— y preguntó dónde estaban y cuántos tratados, libros o ensayos publicaron sobre la corrupción y entrega de bienes de la nación a particulares, y sobre “el saqueo durante el periodo liberal” en esa casa de estudios.
EN vez de atender problemas actuales, como la escandalosa venta y prostitución de niñas en Guerrero o los excesos policíacos en la caravana de migrantes que viene de Chiapas a la CDMX, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos va a reabrir el caso Colosio, ocurrido hace ¡27 años!, con la pretensión de “distraer” lo que hoy ocurre en el país.
POR cierto, que habrá que ver de qué manera, y hasta dónde, efectivos de la Guardia Nacional y de las corporaciones policíacas, recibirán órdenes de detener la caravana en su rumbo a la frontera con Estados Unidos, con el riesgo de que se registren hechos de violencia más graves que los ocurridos en Tapachula.
AYER mismo, por coincidencia, el pleno de la Suprema Corte avaló, como lo establece la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza, la intervención de las fuerzas de seguridad en manifestaciones o reuniones públicas “que puedan tornarse violentas”, como las de migrantes con soldados y policías que intentaron cerrarles el pasado fin de semana, en el que hubo hombres, mujeres y niños golpeados.
NO, no es lo mismo el recordado Octavio Paz, que renunció como embajador en la India por la matanza de estudiantes en Tlatelolco en 1968, que Juan Ramón de la Fuente, exrector de la UNAM, que hoy está en la ONU, y ante la embestida presidencial, no se atrevió a defender su alma mater como se esperaba.
