La ejecución de dos sacerdotes jesuitas en el templo de la comunidad de Urique en la Sierra Tarahumara cuando intentaron defender a un hombre que buscó refugio en el templo y cuyos cadáveres fueron sustraídos por un grupo armado arreció la indignación que hay en el país ante tanta violencia y la exigencia de la Conferencia del Episcopado Mexicano que exigió la recuperación de los cuerpos de los prelados, al tiempo que el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, tras condenar lo ocurrido demandó revisar con seriedad la estrategia de seguridad del Gobierno federal.
Lo ocurrido en aquella lejana región, en la que los padres Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, vivían desde hace por lo menos 40 años, es un hecho que se suma a las miles de víctimas que han sido asesinadas en este sexenio y que de acuerdo a estadísticas oficiales rebasan las que en el mismo lapso se registraron en las de Felipe Calderón y Enrique Peña, con una absurda política de “abrazos, no balazos” que ha sido un rotundo fracaso.
DE ESTO Y DE AQUELLO…
Horas después del triple homicidio en Chihuahua, medios locales de ese estado lo atribuyeron a José Noriel Padilla, apodado El Chueco, los jesuitas advirtieron que no callarán ante una realidad de violencia que lacera a toda la sociedad, exigieron que los cuerpos de los sacerdotes asesinados se rescaten y que haya una inmediata investigación para capturar a los homicidas.
Tras este enésimo hecho de violencia que ocurre en esa entidad, se generalizaron los reclamos en otras regiones de la República que son controladas por cárteles de la droga en las que el Gobierno federal se rehúsa a actuar y hasta se ha llegado a reconocer que donde aquéllos predominan “no hay tanta violencia”.
Y como en este espacio lo hemos apuntado en días anteriores, mientras el país está envuelto en una cada vez más alarmante violencia, quienes deberían cumplir con la responsabilidad de enfrentarla, como las “corcholatas”, están más dedicadas a hacer campaña que a atender lo que ocurre en la mayoría de las entidades federativas, a las que sólo van a que las conozcan y a solicitar apoyos.
Clara Luz Flores, quien fuera candidata de Morena a gobernar Nuevo León, exdiputada local y exalcaldesa de Escobedo, es la nueva titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en sustitución de Leonel Cota Montaño, ex gobernador de Baja California Sur, quien desde abril pasado fue designado director general de Segalmex, foco de corrupción sexenal, que el Presidente dice que “ya no hay”.
Como está hoy la violencia en México, no parece atinada designación presidencial.
