Confirmada, y en varios casos documentada, la participación del crimen organizado en las elecciones del 6 de junio en asesinatos de candidatos y secuestros, desapariciones y amenazas a decenas de políticos, más las masacres postelectorales que ha emprendido en varias entidades federativas, existe el riesgo de que el Congreso de Estados Unidos se apresure a declararlos “terroristas” e intente combatirlos en México con la movilización de elementos de sus agencias de inteligencia y seguridad, lo que tendrá inmediatas consecuencias.
Una de ellas, la principal, es que si el Gobierno federal insiste en enfrentar aquí a esos grupos criminales con “abrazos y no balazos”, entretenido como está en distraer la atención tras las derrotas que Morena registró al perder la mayoría calificada en el Congreso federal y en decenas de alcaldías, o de tragedias como la de la L-12 del Metro, rechazaría esa intervención por violación a la soberanía e independencia de México, con el inmediato conflicto diplomático que se originaría.
DE ESTO Y DE AQUELLO…
Severo, pero puntual, ese informe que la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó en Ginebra sobre el nivel de violencia registrado en la reciente campaña electoral en nuestro país, al denunciar que “al menos 91 políticos y miembros de partidos, entre ellos 36 candidatos electorales, fueron asesinados durante el periodo electoral que comenzó en septiembre de 2020”.
En ese documento que dio a conocer en la sesión inaugural de la 47 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la expresidenta de Chile señaló que “no había que olvidar que muchos otros participantes en el proceso electoral fueron atacados o amenazados, una ola de violencia que también afectó a simpatizantes de un partido u otro, así como a funcionarios que trabajaban para que los comicios pudieran tener lugar”.
Comenzó en Palacio Nacional la negociación CDMX-Grupo Carso para pagar la reparación de la Línea 12, en el tramo Olivos-Tezonco que se derrumbó la noche del lunes 3 de mayo: ante el Presidente López Obrador se reunieron la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y el ingeniero Carlos Slim, una de cuyas empresas participó en la construcción de esa obra.
Que la masacre de civiles por sicarios de los cárteles del narcotráfico en Reynosa ocurrió debido a la feroz disputa por control e introducción de drogas a Texas, es la explicación de las autoridades federales y estatales de Tamaulipas, de lo ocurrido en esa población fronteriza.
Despertaron en CNDH para interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte contra la Ley de la FGR, por vulnerar derechos a la seguridad jurídica, libertad de trabajo y presunción de inocencia.
