El choque de los Poderes Ejecutivo y Legislativo con el Judicial aceleró la crisis que ya vive el país, con esa iniciativa de reformas a los artículos 103, 105 y 107 de la Carta Magna presentada por el líder de la bancada de Morena en el Senado, para que “ningún recurso legal frene o invalide una reforma constitucional”, lo que para legisladores y dirigentes de oposición confirma que el alto tribunal sí tiene facultades para revisar e invalidar la reforma judicial.
Panistas, priistas y emecistas coincidieron en alertar que lo que legisladores del partido gobernante pretenden otorgarle al actual Gobierno es una “supemacía constitucional” para el control absoluto e irrestricto al Gobierno, que podrá hipotecar los derechos constitucionales de la actual y futuras generaciones, lo que contradice el discurso de que el actual Gobierno “no busca controlar al Poder Judicial”.
DE ESTO Y DE AQUELLO…
Es tal la ofensiva declarativa contra los ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de parte de morenistas de todos los niveles, desde gobernadores, diputados locales y hasta ediles de 23 entidades, que un impresentable diputado ¡del PT! anunció que presentará una “solicitud de juicio político” contra ellos, “por estar en contra de la reforma judicial y en desacato”.
La autoría de la nueva polémica iniciativa para que el Gobierno federal morenista controle al Poder Judicial, como ya lo hace con el Legislativo desde la pasada legislatura, es atribuida a los líderes de las bancadas que fueron “corcholatas” de quien gobernó hasta el 30 de sepitembre y que le heredó a su sucesora: Adán Augusto López y Ricardo Monreal.
Con la aprobación del pleno de la Cámara de Diputados de los artículos constitucionales 4 y 27 se establece la obligación tanto del Gobierno federal como los de las entidades federativas de garantizar la entrega de una pensión no contributiva a personas menores de 65 años con alguna discapacidad, así como a la rehabilitación a menores de 18 años en condiciones similares y, además, disminuir la pensión de Bienestar de 68 a 65 años.
En la segunda contramañanera del Poder Judicial, la magistrada de circuito Magda Adriana Ortega Ruiz le respondió a la Presidenta Sheinbaum, quien propuso reducir salarios a los trabajadores del Poder Judicial en paro, que están en “una reducción de actividades y los casos urgentes los siguen atendiendo”.
Siguen las balaceras, saqueos de comercios, quema de transportes y bloqueos carreteros, lo mismo en Culiacán que en Villahermosa y otros municipios de Sinaloa y Tabasco, mientras que en Guanajuato se puso en marcha, ayer, la estrategia de seguridad del Gobierno federal, entidad en la que persiste la violencia.
