Tan entusiasmados están en Morena en que se declarara culpable a Genaro García Luna en Estados Unidos de delitos de narcotráfico, que no dudan en tildar a sus defensores de corruptos y hasta narcos, a quienes asistan este domingo al Zócalo, no para “defenderlo” como dicen, en un intento de frustrar la que se espera nutrida asistencia ciudadana, sino en defensa de la democracia e insistir que “el INE no se toca”.
En vez de festinar el fallo unánime de la docena de integrantes del jurado en el juicio en la Corte de Brooklyn y esperar la condena que se le impondrá el 27 de junio, lo que deberían preguntarse es por qué tuvo que ser la justicia de Estados Unidos, y no la de México, la que procediera en su contra, a pesar de lo que era sobradamente sabido en nuestro país e ignorado por quienes debieron actuar.
DE ESTO Y DE AQUELLO…
A manos de la Suprema Corte de Justicia, que encabeza Norma Lucía Piña Hernández, fue a parar el Plan B de Reforma Electoral del Presidente López Obrador, a la que han llegado, hasta ahora, decenas de impugnaciones y controversias constitucionales que deberán desahogar en próximas sesiones, las primeras de ellas admitidas a trámite por el ministro Alberto Pérez Dayán.
Serán los integrantes del alto tribunal los que en su momento decidirán el destino final de la polémica segunda iniciativa presidencial de modificaciones a leyes electorales secundarias, aprobada este miércoles en el Senado, luego de que la primera proponía una reforma constitucional y fue rechazada en la Cámara de Diputados.
Ese Plan B llevó no sólo a dirigentes de partidos políticos de oposición, a consejeros del INE y a decenas de alcaldías de distintas entidades federativas, sino a agrupaciones de juristas, académicos y ciudadanos a presentar impugnaciones y controversias constitucionales, contra lo que es una generalizada exigencia ciudadana: que la Corte la eche abajo.
Por irregularidades, la Comisión de Prerrogativas del INE, declaró nulas las modificaciones estatutarias del PRI con las que su dirigente, Alejandro Moreno, pretendía prolongar su mandato hasta 2024, en respuesta a la impugnación presentada por senadores y militantes de ese partido.
No parece coincidencia la reaparición pública del Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, a un par de días de que a Genaro García Luna se le declarara culpable de delitos de narcotráfico en Estados Unidos.
Igual que en víspera de la marcha “el INE no se toca” del 13 de noviembre pasado, se decretó contingencia ambiental para impedir la circulación vehicular, este fin de semana, como si eso fuera a impedir que la gente acuda al Zócalo este domingo.
