Justo cuando los precios de todo tipo de alimentos, servicios y combustibles se dispararon a niveles no previstos durante la llamada cuesta de enero, como lo refleja la inflación que hoy registra la economía y que analistas y expertos coinciden en que el país está en recesión técnica, por su segunda caída trimestral consecutiva, el Presidente Andrés Manuel López Obrador no sólo peguntó: “¿Cuál recesión?”, sino que aseguró que éste y los próximos dos años, el crecimiento económico será de 5 por ciento.
Con su habitual puya, “para que se enojen”, contradijo los pronósticos de los que saben de economía, que están dando, cuando mucho, 2.5 por ciento de crecimiento en 2022, declaró en su mañanera que como él es optimista, tiene información de que será de 5 por ciento este año y los siguientes del sexenio, aun cuando será la realidad de lo que ocurra, la que finalmente dará la razón a unos o a otro.
DE ESTO Y DE AQUELLO…
La organización de la consulta de revocación de mandato, que constitucionalmente así debería ser y no de ratificación, como quedará y que, por recorte presupuestal al INE, distará del número de instalación de casillas de una elección, sigue generando discrepancias, confusiones y alegatos sobre la utilización de boletas y las preguntas que llevarán impresas.
Un caso más fue el de la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rechazar una modificación en la papelería que se utilizará y de que se declararan inconstitucionales algunos de los artículos de la Ley Federal de Revocación de Mandato, presentadas por el expresidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, y el Consejo Nacional de Litigio Estratégico.
Además, luego de que la Suprema Corte rechazó eliminar la segunda pregunta: “¿O siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”, que el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo propuso, López Obrador dijo que la interrogante debería ser un “sí o no” del votante que él siga o no en el cargo, y criticó que aquella la hayan hecho complicada.
Rectores de universidades públicas y privadas y directores de instituciones de planteles de estudios superiores de México deberían poner sus barbas a remojar, luego de que la Asamblea Nacional de Nicaragua, país gobernado por el varias veces reelecto presidente Daniel Ortega, tan reconocido y elogiado en Palacio Nacional, canceló permisos de operación a cinco universidades, y reconocimiento jurídico a 11 ONG.
Y es que no ha sido mera casualidad que aquí ya se hayan registrado algunas embestidas contra la UNAM, ITAM y CIDE, que pueden arreciar en tanto siga el conflicto en este último, promovido desde el Conacyt.
