Arreció el enfrentamiento entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo con el Judicial, tras la renuncia de ocho de los 11 ministros de la Corte que decidieron presentarla, por lo que la Presidenta Claudia Sheinbaum subió el tono porque “se llevarán un montón de dinero” de los haberes que les corresponden, al tiempo que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, propuso que no les sea aceptada, lo que la oposición rechazó de inmediato porque afectaría sus derechos laborales.
A esa dimisión, presentada por siete de los ocho ministros, se sumó ayer la de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y se anunció que el proyecto presentado por su colega, Juan Luis González Alcántara, que propone invalidar de la reforma la elección de jueces y magistrados, pero no la de ministros del alto tribunal, será discutida el martes de la próxima semana, pese a la advertencia de que el Poder Legislativo no la acatará de ser aprobado, lo que crearía un vacío constitucional.
DE ESTO Y DE AQUELLO…
No sólo ministros, jueces y magistrados, sino dirigentes y legisladores de oposición han interpuesto distintas acciones contra la reforma judicial: ayer, un grupo de consejeras y consejeros del INE enfilaron interponer una controversia constitucional contra les leyes secundarias por la facultad que otorga a la presidenta, Guadalupe Taddei, de hacer designaciones sin la aprobación del Consejo General del mismo, lo que será discutido en la sesión de hoy.
Transcurridas las cuatro primeras semanas del nuevo Gobierno la violencia se recrudeció en el país, lo que obligó a reorientar la prioridad a las entidades con mayores índices delictivos, como Sinaloa, Michoacán y Chiapas, según informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en la mañanera de ayer.
En otros estados en los que casi a diario se registran asesinatos, desapariciones, bloqueos por quema de transportes de carga, saqueos a comercios y feminicidios, la situación no solamente persiste, sino que ha empeorado, y una muestra de ello son las protestas colectivas por feminicidios, como la de ayer, en Villahermosa.
En Sinaloa sigue imparable la violencia y ayer se reportó que en la Maxipista Culiacán-Mazatlán, un grupo armado despojó de una camioneta oficial a la subsecretaria de Derechos Humanos del estado, Patricia Figueroa Sauceda, en la que también iban otras funcionarias.
Más tardó el fiscal General, Alejandro Gertz Manero, en decir en la mañanera que, a tres meses de la detención de El Mayo Zambada, Estados Unidos no ha entregado información sobre cómo ocurrió, que el embajador de ese país, Ken Salazar —a riesgo de ser “re-pausado” desde Palacio Nacional— en responderle que sí ha habido comunicación.
