Ahora sólo falta que la corrupción en este país sea declarada también asunto de “seguridad nacional” para que nadie intente investigarla o recurra a la ley para ponerle un alto, luego de que el director general de Fonatur, Javier May, reveló que en el Consejo de Seguridad, así fue considerada la obra del controvertido Tren Maya para incumplir las decenas de amparos que organizaciones ambientalistas, científicos y el colectivo Selvamedeltren han presentado, en un intento de frenarla para impedir más daño ecológico en entidades del sureste del país.
En su mañanera de ayer, el Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que la reanudación de esa obra sea desacato judicial y arremetió contra lo que calificó “un grupo de corruptos y pseudo ambientalistas que buscaban anteponer sus intereses personales por encima del interés general” y hasta se refirió a una posible “conspiración” en la que presuntamente participan autoridades de los tres niveles de gobierno con el propósito de evitar que su gobierno siga avanzando.
DE ESTO Y DE AQUELLO…
COMO era de esperarse, la Secretaría de Energía anunció que impugnará la resolución del juez federal Juan Pablo Gómez Fierro que otorgó las primeras suspensiones por tiempo indefinido, a las empresas privadas de gas natural a las que por orden de esa dependencia se pretendía obligar a comprárselo a Pemex y la CFE.
Y no sólo eso, el propio Presidente López Obrador anunció que pedirá “que se investigue” al mismo juez Gómez Fierro, por haberle otorgado la semana pasada a la multinacional española Iberdrola un amparo para librarla del pago de la multa de nueve mil 145 millones de pesos que le impuso la Comisión Reguladora de Energía por venderle ésta a empresas no autorizadas.
NO sería la primera vez que Gómez Fierro, Juez Segundo de Distrito Especializado en Telecomunicaciones y Competencia Económica es investigado por el Consejo de la Judicatura Federal, a solicitud también del Ejecutivo Federal, ya que lo fue, cuando otorgó amparos a diversas empresas privadas en el sector eléctrico y de la que resultó como lo que es: un juzgador intachable y recto en el desempeño de su cargo.
QUE fueron los titulares de las Secretarías de Seguridad Pública y de Gobernación, los que propusieron en el Consejo de Seguridad declarar de “seguridad nacional” la obra del Tren Maya y así evitar que, como fue el caso del AIFA, sea frenada.
POR cierto, que éste es hoy lo que de antemano se sabía que sería: un costoso elefante blanco, sin vialidades de acceso, ni interés de pasajeros en perder horas en utilizarlo.
