Mientras el Presidente Andrés Manuel López Obrador practicaba su bateo en un estadio de béisbol de la alcaldía Venustiano Carranza —en plena contingencia ambiental— la mayoría de magistrados del Tribunal Electoral bateaba a Félix Salgado y Raúl Morón, candidatos de Morena a gobernadores de Guerrero y Michoacán y en la misma sesión, por unanimidad, ratificó la otra propuesta aprobada por el INE que echa abajo la sobrerrepresentación legislativa establecida por la Constitución pero violada, a su estilo, por el partido en el poder y sus aliados con su actual ilegítima “mayoría” en San Lázaro.
Como se esperaba, solamente el magistrado presidente del máximo organismo electoral, José Luis Vargas Valdez, tildado de “morenista”, votó en ambos casos en contra de la cancelación de esas candidaturas y en el caso de Morón se le sumó su colega Mónica Soto, autora del proyecto en el que reconoció la falta cometida por el michoacano pero planteó la posibilidad de modificar la sanción, que fue rechazada.
DE ESTO Y DE AQUELLO…
Con un titular de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se mantiene callado tras la aprobación del Congreso de la Unión para ampliar dos años su mandato que ese tribunal revisará si es o no constitucional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador le urgió atraer los recursos de revisión de las suspensiones definitivas otorgadas por dos jueces federales que mantienen frenada la Ley de la Industria Eléctrica.
Esos jueces son Rodrigo de la Peza y Juan Pablo Gómez Fierro, Primero y Segundo de Distrito Especializados en Telecomunicaciones y Competencia Económica, respectivamente, por conceder esas suspensiones a empresas privadas generadoras de energías limpias.
POR unanimidad, los siete comisionados del Inai se pronunciaron contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil —que ha motivado protestas y amparos de quienes rechazan proporcionar sus datos biométricos, que más pronto que tarde van a dar a manos ajenas o grupos criminales— y acordaron presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Si Joel Ayala, líder de los burócratas agrupados en la FSTSE, se opuso a que éstos regresaran a sus labores sin ser vacunados, lo mismo tendrán que hacer el dirigente del SNTE y los de agrupaciones de padres de familia, ahora que se prevé que en agosto maestros y alumnos podrían volver a las aulas, por los contagios de Covid-19 que oficialmente se minimizan pero que se registran en algunas entidades.
Oficial, la solicitud de desafuero del diputado poblano Benjamín Saúl Huerta por abuso sexual a dos menores, presentada por la Fiscalía de la CDMX, lo que le abriría las puertas de la cárcel.
