Las fuerzas políticas del país han encendido alertas. En las dirigencias nacionales de los partidos, que han girado instrucciones a sus candidatas y candidatos para que fortalezcan las medidas de seguridad en torno al trabajo proselitista que realizan ante la amenaza de grupos criminales que buscan incidir en las elecciones del próximo 2 de junio.
Fuentes de primer nivel, consultadas por este columnista, coinciden en que han ubicado como zonas de mayor riesgo a la Ciudad de México, Morelos, Baja California, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas, Nuevo León y Veracruz y que los candidatos a diputados locales y federales y alcaldes se ubican en la mira criminal por el acceso que les pueden dar a la economía local y la protección a sus actividades ilícitas.
El INE y el gabinete de seguridad del gobierno federal ya tienen un protocolo para protección de candidatos y candidatas pero ha sido cuestionado por los propios partidos.
Esta es la ruta: los partidos deberán solicitar al INE protección para sus aspirantes en riesgo, el Instituto realizará a las fuerzas federales la protección, la Guardia Nacional analizará el nivel de riesgo, tomando en cuenta la incidencia delictiva en la zona y si el aspirante ha sido amenazado en el pasado.
En lugares de alta violencia, los candidatos federales tendrán hasta cuatro vehículos escoltas y 10 elementos del Ejército para protegerlos; en zonas de violencia media contarán con una escolta, una patrulla y ocho elementos de la Guardia Nacional, y en zonas de bajo riesgo con un auto principal y dos elementos de la Guardia Nacional.
De acuerdo con información confirmada para este espacio, este protocolo es visto como insuficiente por los partidos quienes a su vez han “recomendado” a sus candidatas y candidatos una serie de acciones como “avanzadas” en lugares de riesgo, evitar zonas peligrosas, coordinar a sus colaboradores para generar “diamantes” de protección durante recorridos, evitar confrontaciones y provocaciones y alertar de inmediato cualquier incidente que amerite la solicitud de protección.
Apenas la semana pasada la Coparmex lanzó una alerta al advertir que la violencia política creció 321% entre 2021 y 2023 al pasar de 178 a 573 incidentes. Además precisó que en los meses de enero-febrero de 2021 y 2024, previo al arranque de los procesos electorales federales, los incidentes de violencia política pasaron de 15 a 34.
Otro indicador: la ONG Data Cívica, en su reporte “Votar entre balas: entendiendo la violencia político criminal en México”, registró entre 2018 y 2023 al menos mil 610 ataques, asesinatos y amenazas relacionadas con la actividad política a lo largo de todo el territorio nacional, su recuento arroja 106 candidatos y candidatas asesinadas en el sexenio.
Y otro indicador más. La consultoría Integralia, de Luis Carlos Ugalde, refiere que desde septiembre de 2023 hasta el pasado 29 de febrero se han contabilizado 182 incidentes de violencia política que involucran al menos 238 víctimas.
Integralia refiere que funcionarios o exfuncionarios recibieron 34% de los ataques, políticos o expolíticos 27.7% y aspirantes 18.5%. El resto de las agresiones se distribuyó entre familiares y víctimas colaterales. Los asesinatos representan 48.3% de las agresiones totales y los atentados 21.8%.
“La violencia letal es más frecuente porque es el mecanismo más eficaz de intervención del crimen en las elecciones”, detalla la consultoría.
Además, refiere que en ese periodo, de septiembre 2023 a febrero 2024, se han contabilizado 44 agresiones a aspirantes y candidatos a diversos cargos de elección popular, con un promedio de una agresión cada cuatro días. De estos incidentes, 19 terminaron en atentados o asesinato de aspirantes. Estamos hablando de 2024.
“Morena es el partido más afectado pues concentra 31.8% de los ataques. Los aspirantes del oficialismo son de mayor interés para los grupos criminales pues su cercanía con el poder puede favorecer o perjudicar sus intereses”.
Esta es la realidad que viven los partidos políticos, sus candidatos y candidatas, su militancia desplegada en el proselitismo a la par de la operación de grupos criminales que tienen el control de regiones y que buscan a toda costa mantenerlo incluso con influencia en la toma de decisión de los actores políticos locales.
RADAR
SOSPECHAS SOBRE PRIISTA. Nos comentan que sobre Williams Ochoa, secretario de Planeación y Estrategia del PRI, que lleva Alejandro Moreno, pesan fuertes sospechas en torno a su patrimonio.
Al priista, cercano a Manlio Fabio Beltrones, se le vio acompañado de amigos en la reciente edición del Super Bowl, que se realizó el 11 de febrero en el Allegiant Stadium de Las Vegas. Sin embargo, aunque el también candidato al Senado ha ocupado varios cargos públicos, poco se sabe de su información patrimonial.
En 2018, cuando formaba parte del Congreso de Chiapas, se negó a hacer públicos sus datos patrimoniales, tal como quedó asentado en el documento oficial. Llama la atención el hermetismo de este personaje que vimos en asientos comercializados en alrededor de 150 mil pesos cada uno.
Ante el escándalo por el Súper Bowl, días después, Willy Ochoa convocó a medios para presentar una denuncia en la FGR por un presunto intento de secuestro del que habría sido víctima el 23 de febrero, en el municipio Villa de las Rosas, Chiapas.
Acompañado del dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, Ángel Ávila, representante perredista ante el Consejo General del INE y Mario Zamora, senador por el PRI, aseguró a la prensa que vive con miedo. Además, señaló que en distintas ocasiones ha sido amenazado por el crimen organizado en Chiapas.
Incluso a través de presidentes municipales de la entidad, por lo que tomó la decisión –por cierto- de solicitar la seguridad que otorga el Instituto Nacional Electoral, de Guadalupe Taddei.
En el historial de este aspirante a una curul por el PAN, el PRD y el PRI hay varias sanciones por actos anticipados de campaña. En 2021, cuando pretendía ser presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas (IEPC) le impuso una amonestación.
Ese mismo año, medios reportaron que la Fiscalía de Delitos Electorales inició una investigación en contra del candidato por probables delitos electorales pues durante la revisión a un inmueble se constató que “gran número de personas recibió dinero a cambio de entregar una copia de su credencial de elector”.
COLABORACIÓN. Ojalá y más seguido se concretaran iniciativas como la que ayer se conoció en Puebla. De la mano de la comisionada Blanca Lilia Ibarra y el rector Luis Ernesto Derbez, el Inai y la Universidad de las Américas dieron a conocer resultados del llamado Observatorio de Justicia Abierta.
Este Observatorio consiste en el trabajo de análisis de académicos de esa Universidad sobre cómo ha influido el Inai en decisiones de instancias del Poder Judicial, pero referidos al ejercicio del derecho a la información que tiene toda la gente y cómo se salvaguarda en diversas instancias de los jueces y magistrados. Tan importante el acto que juntó a la Plana Mayor del Inai en la Udlap de Puebla.
