“El Diablo” –me dicen- ha evidenciado un manto protector del Poder Judicial de Morelos del que goza un grupo delincuencial de alta peligrosidad dedicado al secuestro exprés, robo de autos, asalto a paseantes y al homicidios por encargo y que opera en Huitzilac, en los límites de Morelos y la Ciudad de México.
En abril la fiscalía morelense encontró en una casa de “El Diablo” pruebas de su participación en el feminicidio y doble homicidio de Nohemí, Luis Enrique y Luis Javier –interceptados en Huitzilac por este delincuente cuando regresaban de una consulta médica en la Ciudad de México -, pero una juez lo liberó.
En caso de que autoridades independientes comprueben una serie de testimonios de fuentes del más alto nivel recogidas por este columnista –que conocen del caso de “El Diablo” y las presiones del magistrado Luis Jorge Gamboa Olea, presidente del Tribunal Superior de Justicia morelense, sobre resoluciones de juzgadores- se evidenciaría cómo se habría puesto de rodillas a jueces para servir a los criminales en la entidad.
Aquí una serie de hechos:
Tras la desaparición y muerte las tres personas en Huitzilac, se dio con una casa de “El Diablo” donde encontraron carteras, tarjetas bancarias, credenciales, un bolso de mano y prendas de vestir manchadas de sangre. Pertenecían a las tres víctimas cuyos cadáveres habían sido encontrados en el paraje de Fierro del Toro, ahí mismo, en Huitzilac.
El caso fue presentado a un juez y se solicitó la prisión preventiva contra el imputado por los delitos de homicidio doloso y feminicidio. El 21 de abril se realizó la audiencia inicial contra “El Diablo”, donde se calificó como legal su detención y se aceptaron las evidencias que se encontraron en la casa del imputado.
Pero cuatro días después la jueza primera de control de Morelos, Alejandra Trejo Reséndiz, determinó liberar a “El Diablo” pues consideró que el cateo donde se encontraron las pertenencias de las víctimas fue ilegal. La juzgadora no calificó con perspectivas de género ni la defensa del acusado presentó pruebas para desvirtuar la acusación por lo que enfrenta un proceso iniciado por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la entidad.
GIRO DEL CASO
Fuentes cercanas a la Fiscalía Anticorrupción, revelaron a este espacio que la juez Trejo Reséndiz estaría en proceso de acogerse a un criterio de oportunidad para declarar que fue Gamboa Olea quien le habría instruido dejar en libertad a “El Diablo”, y con esto librar la acción penal en su contra por este caso y dos más en que liberó delincuentes.
De acuerdo con las mismas fuentes consultadas es por instrucciones directas del propio Presidente del Tribunal Superior de Justicia que este martes se ordene la no vinculación a proceso de "El Diablo", ratificando la orden de la juez Trejo Reséndiz, por el triple asesinato pese a la existencia de múltiples datos de prueba contundentes que lo ligan con el triple asesinato de abril.
La juez Alejandra Trejo estaría acogiéndose a un criterio de oportunidad para declarar que quien le instruyó dejar en libertad a ese sujeto fue Gamboa Olea y confirmaría la versión del ilegal nombramiento del actual Magistrado visitador, mismo que fue designado a modo, para encubrir, intimidar a los jueces y magistrados que no cumplen con las determinaciones a modo e ilegales del Magistrado Presidente.
El mas claro ejemplo es la remoción de dos juezas que integraban un tribunal de juicio oral en la sala de Atlacholoaya Morelos, que por defender sus resoluciones y no cumplir con los actos ilegales del Magistrado Presidente, fueron removidas de sus funciones como juezas penales y designadas como juezas civiles en Tetecala y Jonacatepec, aun y a pesar que esas dos jueces contaban con amplia experiencia en el sistema oral penal, y habían sido capacitadas por el propio tribunal. Con esto, “El Diablo” hace lo que quiere en Morelos.
RADAR
Nos comentan que hay que estar pendiente de este caso que podría llevar al gobierno mexicano a pagar, injustificadamente casi 50 millones de dólares en una disputa legal internacional.
Nos dicen que la relación entre las empresas que dirige el empresario Héctor Cárdenas y Lion Mexico Consolidated (LMC), para desarrollar inmuebles de ultra lujo en Jalisco y Nayarit, derivó en el arresto de Cárdenas por corrupción, malas prácticas y falsificación de documentos por parte del profondo canadiense.
Sin embargo, el incumplimiento surgió después de que el fondo cambiara de propietarios para salirse del proyecto, y evitar una sociedad con las empresas mexicanas. Esto llevó a Cárdenas a iniciar un proceso judicial en su contra: ganó todos los juicios y LMC fue obligado a capitalizar sus inversiones.
Esto no le gustó al fondo, por lo que ascendió el caso a un arbitraje internacional, en el que el gobierno mexicano podría pagar 47 millones de dólares. Aseguran que en el proceso, LMC falsificó sellos, alteró la fecha de la presentación de una denuncia, y llegó hasta la suplantación de agentes ministeriales. Hoy, la investigación para determinar si hubo corrupción sigue activa.
CHÁZARO
Mientras que los reflectores se han ubicado en la sucesión presidencial 2024, en la Ciudad de México las fuerzas política y sociales se comienzan a mover a gran velocidad.
Ejemplo de lo anterior es la actividad que realizan simpatizantes del PRD para posicionar a Luis Espinoza Cházaro, líder de la bancada del partido del Sol Azteca en la Cámara de Diputados, como la mejor carta del partido rumbo a las negociaciones con sus aliados del PRI y del PAN para definir a su abanderado a la jefatura de Gobierno y el personaje que puede unificar y dar garantías a los tres partidos. De entrada ya empezaron con la campaña “Cházaro chilango”.
