Alejandro Encinas ha fallado. A menos de un año de que se elija a un nuevo gobierno, el hombre encargado de esclarecer el caso de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa no ha logrado el objetivo, y en cambio sí perdió –me dicen en Palacio Nacional–simpatía presidencial.
Tras casi cinco años a Encinas –con orígenes en el Partido Comunista y fundador del PSUM, el PMS y el PRD– lo han visto imponer la ideología sobre la verdad y la justicia en el caso, y enfilar acciones contra el Ejército Mexicano para intentar culpar a soldados de la suerte de los jóvenes estudiantes.
En esa lógica, el funcionario ha ido contra una institución que hoy es piedra angular del Gobierno de López Obrador, y con un empeño —así se ve— en desprestigiar la imagen de la Secretaría de la Defensa Nacional, atribuyendo responsabilidad a personalidades de alta investidura por los hechos ocurridos durante la pasada administración.
Está claro que la necesidad de responsabilizar al personal militar ya es también vista en sectores con relevancia dentro del gobierno, como un interés individual por demostrar una hipótesis que se acusa débil, o de plano una mentira que él mismo se ha encargado de replicar, pero que no ha podido fehacientemente comprobar.
Por ello —me dicen en el primer círculo presidencial— ha recurrido a pruebas que se valoran como dudosas y hoy tiene una denuncia ante la Fiscalía General de la República.
Así, el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, con ese sesgo personal hacia los militares en general, los ha deshumanizado impidiendo que su proceso se lleve de manera neutral, legal y transparente, alejándoles al mismo tiempo de su derecho a la presunción de inocencia.
No se ha dejado de registrar tampoco que el accionar de Encinas contra las Fuerzas Armadas lo han llevado a cometer errores que evidencian falta de profesionalismo y nula capacidad para cumplir, como antes se señaló, compromisos que adquirió con el Presidente.
Apenas el 30 de mayo un Tribunal Colegiado exoneró al exalcalde José Luis Abarca y a su secretario de Seguridad Pública por este caso. Para eludir su responsabilidad, Encinas embistió contra las Fuerzas Armadas, afectando a personal militar que no ha quedado claro que haya tenido participación en la desaparición de los estudiantes. Choca con la lógica el que los principales sospechosos materiales e intelectuales queden absueltos y ahora militares, de quienes no hay claridad sobre su presunta participación, sean enjuiciados.
En el caso, la propia FGR ha desestimado ya pruebas presentadas por Encinas contra el personal castrense, en virtud de que las consideró jurídicamente improcedentes y sin sustento. Ante el desmoronamiento del caso, surgen muchas interrogantes: ¿qué medidas tomará el funcionario, ante la impotencia de no poder resolver el caso Ayotzinapa antes de finalizar la gestión del Presidente López Obrador?, ¿intensificará sus ataques hacia el Ejército?, ¿cómo sostendrá las acusaciones señaladas como endebles?, ¿buscará aún un nuevo cargo en 2024? Ahí se verá el tamaño de la deuda.
RADAR
Desde el sur del país nos hacen ver que el Doctor Alberto Joaquín Pacheco Castro es el líder visionario que la Universidad Autónoma de Quintana Roo necesita. Con una sólida experiencia en política local y habilidad para enfrentar desafíos en la administración, se destaca en el panorama educativo.
Su plan es simple: dialogar, ser transparente y la mejora continua para asegurar un buen manejo de la universidad. Está comprometido con la comunicación abierta, la honestidad y la lucha contra la corrupción, por lo que, podrá crear una estrategia que garantiza una universidad justa y eficaz.
Pacheco, nos comentan, no solo quiere mantener la calidad de la universidad, sino mejorarla: revisar todos los programas de estudio, crear cinco nuevas carreras útiles y de alta demanda laboral y con ello que la Universidad Autónoma de Quintana Roo sea un motor que impulse el crecimiento del estado y su vinculación internacional.
