* Para Santi, hoy que cumple 8 años
En Palacio Nacional no sólo están convencidos de que la reforma al Poder Judicial Federal no es una ocurrencia de fin de sexenio sino que además defienden a ultranza la idea de que es un cambio que —me dicen en el primer círculo presidencial— debe dar al pueblo la oportunidad de alcanzar una verdadera “justicia popular”.
Y la argumentación que me daban anoche va más allá: si los jueces que surjan de este cambio simpatizan con el proyecto que ha iniciado el presidente Andrés Manuel López Obrador “mucho mejor” porque —continuaba mi fuente— defenderán los derechos del pueblo sobre los intereses económicos, de grupo, de extranjeros; será una justicia verdadera para los que menos tienen.
En la cúpula de la 4T saben que el cambio de régimen pasa por tener control de los tres Poderes de la Unión. Tras ganar arrolladoramente la Presidencia de la República, el morenismo y sus aliados buscan tener una sobrerrepresentación del 20% en el Congreso de la Unión y construir un Poder Judicial que no frene sus decisiones… esto es el fondo real del debate.
Con la “justicia popular” se rompería el equilibrio de Poderes y, sin contrapesos, se concretarían las ultimas 18 iniciativas presidenciales de AMLO, todas de carácter político, que serían un candado para blindar el segundo piso de la Cuarta Transformación que liderará la presidenta Claudia Sheinbaum a partir del 1 de octubre.
Sólo para recordar algunas de esas iniciativas:
Reforman al Poder Judicial Federal, desaparición de diputados y senadores plurinominales, extinción de órganos autónomos, cambio del régimen de pensiones, blindaje de sector eléctrico, creación de un sistema de salud universal, tope a salario de funcionarios públicos y mantener el principio de austeridad como política de Estado, además elevar a rango constitucional los programas sociales y empujar el rescate del sistema ferroviario nacional.
En esta reforma al Poder Judicial Federal la 4T busca —entre muchas otras cosas— la elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces. Personas juzgadoras que, de acuerdo con un análisis de expertos del Poder Judicial, estarían sujetas a presiones políticas y del crimen organizado, no garantizarían imparcialidad y no tendrían conocimientos suficientes para dar una buena impartición de justicia.
“La propuesta de designación de personas juzgadoras a través de elecciones puede colocarles en una situación de vulnerabilidad. Al igual que las y los candidatos de partidos políticos, los candidatos a ocupar cargos jurisdiccionales correrán un riesgo, sin garantías o medidas especiales de seguridad y protección, de que durante las campañas sufran agresiones, como amenazas, intimidaciones, hostigamiento, e incluso homicidio”, advierte un análisis realizados del Centro de Estudios Constitucionales de la SCJN.
Además está el ingrediente de la realidad que haría más que imposible lograr en el corto plazo una transición hacia el nuevo modelo de justicia sin afectar la resolución de conflictos.
Aquí unos datos: Sólo de noviembre de 2023 a mayo de 2024 el Poder Judicial federal tuvo, en materia penal el ingreso de 125 mil 112 casos y resolvió 125 mil 101 casos, pero tuvo una carga promedio mensual de 80 mil asuntos y aun al menos 60 mil expedientes pendientes; en materia administrativa ingresó 268 mil 724 y egresó 266 mil 361 casos, con carga promedio mensual de hasta 204 mil expedientes. Y En materia civil, ingresó 695 mil 857 temas y egresó 689 mil 168, con una carga promedio de trabajo de 209 mil casos mensualmente.
En las próximas horas se concretará un dictamen que estará listo para que el 1 de octubre la nueva legislatura del Congreso de la Unión, quizá con una mayoría sobrerrepresentada de la 4T en ambas cámaras, analice y apruebe, pese a los reclamos de una oposición disminuida y fragmentada, de la Reforma al Poder Judicial del presidente López Obrador.
RADAR
LA LUCHA POR JALISCO. Desde tierras jaliscienses nos comentan que en la disputa por la gubernatura de Jalisco la dirigencia estatal de Morena se ha quedado sin argumentos porque la elección a gobernador no puede ser anulada por lo que en el argot electoral se conoce como “causal de nulidad abstracta”.
Esto, nos aclaran, debido a que en su legislación se detalla que la nulidad de una elección por violaciones graves, dolosas y determinantes sólo podrá ser aplicada si, una vez acreditada la diferencia en la votación obtenida entre el primero y segundo lugar es menor a 5%. El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco determinó que la diferencia de votos entre Pablo Lemus y Claudia Delgadillo representa el 5.08% de la votación válida, lo que equivale a 186 mil 765 votos.
Además la ley puntualiza que las violaciones graves, dolosas, aplican cuando se exceda el gasto de campaña en un 5% del monto total, se compre cobertura informativa o en tiempos en radio y televisión, se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos. Nada de eso fue argumentado por Morena. El morenismo comienza a ver perdida la elección, nos dicen.
¿ESTAFA PONSI? Nos aseguran que hay alertas en el equipo que integrará el nuevo gobierno federal, en el Banco de México y en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por la proliferación de las fintech no reguladas y sus empresas afines que ofrecen ventajas a ahorradores e inversionistas y que ya han afectado a miles de empresarios en todo el país.
Una de esas fintech es AlquimiaPay, de Sergio Loredo Foyo, que se dedica a recoger inversiones, captar ahorros y ofrecer financiamiento pero sin informar a sus clientes sobre la evolución de sus recursos con el argumento de que tiene una plataforma que se halla en “actualización”, de acuerdo con sus propios comunicados.
Quienes invirtieron sus ahorros en esta fintech no han podido ver resultados de sus ganancias y no saben qué sucederá con su dinero. Sin embargo AlquimiaPay informa a sus clientes, a la par de la “actualización” de su plataforma, que están “formalizando la captación de activos por mil 500 millones de pesos para reforzar “la confianza de nuestros clientes”.
O sea más clientes en el mismo esquema. Además ha trascendido que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores le negó a AlquimiaPay la autorización para operar como Institución de Fondos de Pago Electrónico (IFPE), pero la empresa se amparó y siguió operando. Y bueno si usted invirtió y ya no le toman la llamada y menos le informan del destino de su inversión, mandé su queja a este correo: contencioso@cnbv.gob.mx.
