Entre taxis, fiesta y algo más

La violencia que enfrenta hoy Quintana Roo ha despertado una creciente preocupación en áreas de seguridad de los gobiernos de México y Estados Unidos, me confirman fuentes federales.

La situación en esta entidad, principal destino mexicano para el turismo internacional, contempla la operación de cinco grandes grupos del crimen organizado y una escalada de violencia que, durante el último año del gobierno de Carlos Joaquín superó la registrada en entidades como Sinaloa, Tamaulipas, Sonora y Michoacán.

El conflicto que se agudizó el pasado fin de semana, donde poderosos sindicatos de taxistas han impedido el funcionamiento de Uber, puede tener un trasfondo que, me dicen fuentes del más alto nivel, formaría parte de esa herencia de violencia y que tocaría intereses del narcomenudeo, sexoservicio y extorsión en Cancún, Tulum y Playa del Carmen.

La violencia en Quintana Roo, reto para el gobierno que hoy encabeza Mara Lezama, se agudizó en la segunda mitad del anterior gobierno, incluso fue detectada, reconocida y advertida públicamente por el Departamento de Estado de los Estados Unidos… y que, en un par de hechos violentos, contempló el envío de agentes de la DEA y el FBI a la entidad para participar en las investigaciones.

Hoy el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública advierte que Quintana Roo registró en el periodo enero-diciembre del año pasado 51 mil 297 delitos del fuero federal (como delincuencia organizada, narcotráfico, portación ilegal armas de uso exclusivo del Ejército tráfico de personas), en tanto que Sinaloa tuvo 30 mil 311, Tamaulipas 37 mil 623, Sonora 33 mil 510 y Michoacán 45 mil 374.

Pero hay más, en el tema de delitos del fuero común (robo, robo a casa habitación, robo de vehículo, asalto en calle o transporte, lesiones, fraude, amenazas), de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2022 del INEGI, hay una cifra negra de delitos que pudiera alcanzar el 88%.

En 2021, la prensa local reportó al menos 22 taxistas asesinados y 17 más heridos en 42 ataques supuestamente perpetrados por el crimen organizado en la entidad. Destacó que en 2022 fue acribillado Ariel Peniche, líder del Sindicato de Taxistas “Gustavo Díaz Ordaz” de Isla Mujeres.

Líderes de taxistas –consultados para este espacio- acusan que las agresiones tienen que ver con extorsión y cobros de piso de células criminales para que puedan operar sin ser molestados, pero de acuerdo con registros federales hay taxistas que tienen un papel central en el narcomenudeo y sexoservicio en los principales puntos turísticos de la entidad.

Al ingresar operadores de plataformas como Uber, esos grupos de taxistas, algunos supuestamente vinculados con grupos criminales, perderían control de la operación que ya tienen establecida para negocios ilícitos, los afectados: células de Sinaloa, Cartel Jalisco y del Golfo. De ahí el seguimiento particular al conflicto taxistas contra Uber.

En el gabinete de seguridad nacional siguen de cerca este escenario.

RADAR

En el Palacio Legislativo de San Lázaro nos hacen ver que por fin alguien sí está haciendo algo ante el riesgo de intervención del narcotráfico en los procesos electorales en puerta; se trata del líder de los diputados del PRI, Rubén Moreira quien propuso una iniciativa para dar más herramientas a las autoridades y evitar la intervención de grupos criminales en procesos democráticos.

Nos comentan que la decisión del coahuilense se deriva de que ninguna autoridad federal intervino a pesar de que en el pasado proceso electoral se hayan registrado más de mil 100 ataques contra candidatos y candidatas, que fueron desde amenazas, hasta secuestro; “de no hacer nada, el narco se quedará pronto con el poder político en diversas zonas del país”, dijo el legislador.

CONTIENDA MEXIQUENSE

Como se esperaba, los consejeros del Instituto Electoral del Estado de México aprobaron por unanimidad la coalición con la que competirán PAN, PRI, PRD y Nueva Alianza por la gubernatura mexiquense en los comicios del próximo 4 de junio que llevará de candidata a Alejandra del Moral.

El convenio de coalición “Va por el Estado de México” se defendió en el órgano electoral por el representante del PRI, Tonatiuh Medina Meza. En tanto las estructuras del mismo partido se reunieron para afinar los detalles de la convención de delgados y delegadas del próximo 12 de febrero. El PRI, bajo el liderazgo de Eric Sevilla, despliega su estrategia política y jurídica para entrar de lleno a la que han definido “la madre de todas las batallas”.