El anuncio este lunes del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, quien solicitó órdenes de detención contra los más altos líderes involucrados en el conflicto en Gaza entre Israel y Hamas, logró algo que parecía casi imposible: presentar una visión realista del conflicto y sus atrocidades enfocándose en las víctimas de ambos lados, sin caer en la tentación de favoritismos políticos o ideológicos.
Más allá de los titulares y la politiquería que también desencadenó este anuncio, vale la pena analizar detenidamente las palabras y acusaciones del fiscal, pues a mi parecer revelan varias de las verdades más importantes del actual conflicto entre Gaza e Israel.
En primer lugar, el fiscal ofreció una condena sin titubeos de los crímenes de guerra y la violación de los derechos humanos que perpetró el grupo terrorista Hamas. Mientras en Occidente miles se han dedicado a justificar y minimizar los crímenes de Hamas, e incluso negarlos, el fiscal dio legitimidad a los gritos de miles de víctimas israelíes que han visto con desesperación cómo el mundo trata de ignorar lo sucedido el 7 de octubre. Entre los crímenes que el fiscal alude para acusar a Yahya Sinwar, jefe del grupo en Gaza, así como a sus dirigentes político, Ismail Haniya, y militar, Mohammed al Masri, están: la matanza indiscriminada y la exterminación de civiles; violación y otros actos de violencia sexual como crímenes de guerra; el secuestro de 245 personas; la tortura, el abuso sexual y trato cruel contra los secuestrados. Además el fiscal responsabilizó directamente a los líderes de Hamas de ser las cabezas y coperpetradores de estos crímenes e hizo un llamado contundente a la liberación de los rehenes.
En segundo lugar —el caso de Israel—, el fiscal giró órdenes de aprehensión en contra del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y del ministro de Defensa, Yoav Gallant. Es importante recalcar que en el caso de Hamas el fiscal decidió pedir la aprehensión del líder de su brazo militar, mientras que en el caso de Israel, para sorpresa de algunos, pidió únicamente la detención del brazo político de la guerra y no del jefe del ejército israelí. Esta distinción es importante pues, como dijo el fiscal mismo, la Corte reconoce el derecho de Israel a defenderse, aunque condena las acciones en contra de las reglas humanitarias de la guerra. El tercer punto, y tal vez el más importante, es que el fiscal no acusa a los líderes israelíes de genocidio. En Occidente esta palabra, tan importante en nuestra historia, ha perdido su significado original y único, y el fiscal nos lo recuerda: genocidio y crímenes de guerra no son lo mismo. Además de acusar a Netanyahu y Gallant por el asesinato de trabajadores humanitarios, la acusación del fiscal se centra en el uso de la hambruna como arma de guerra, explicando cómo el gobierno israelí implementó una política que impidió durante meses, y en algunos casos continúa impidiendo, el paso de alimentos y medicinas a la población civil, lo que implica que hay cientos de miles en riesgo de morir de hambre.
Si la condena del fiscal y del grupo de expertos más importantes en derecho internacional humanitario parece razonable y sensible es porque en lugar de romantizar o simplificar el conflicto se concentraron en las víctimas, y en ofrecer un camino hacia la justicia que permita a los pueblos forjar un mejor futuro.
