La mala noticia es que el mundo lleva un año con el Covid-19 y todavía no está lista una vacuna para usarse a nivel masivo. La buena noticia es que es casi seguro que en 2021 se distribuyan distintas presentaciones de la vacuna. La mala noticia —después de la buena noticia— es que, en un primer momento, la cantidad de vacunas disponibles a nivel global será significativamente menor que la población mundial. ¿Quiénes serán los primeros en recibirla?
Si la vacuna se distribuye exclusivamente por el libre mercado, se puede suponer que los habitantes de los países más ricos tendrán mejor acceso a ella que los habitantes de los países más pobres. Dentro de cada país, el efecto será el mismo. Los ciudadanos con más recursos tendrán acceso a la vacuna antes que los ciudadanos con menos recursos. Sin embargo, si la vacuna es gratuita, pero la cantidad de dosis disponibles es menor a la totalidad de la población, tal parece que los gobiernos y las instituciones de salud habrán de fijar un criterio para distribuirla.
¿Cuál es el criterio de prioridad que deben seguir los gobiernos o las instituciones de salud pública en la asignación gratuita de la vacuna del Covid-19?
Se han ofrecido varias respuestas y todas las que conozco ponen en primerísimo lugar a los trabajadores de salud que están en la línea de frente del tratamiento de enfermos con Covid. Me parece que no hay nadie que rechace con buenas razones este criterio de prioridad. Los problemas surgen cuando todo este grupo de médicos y enfermeras esté protegido y todavía sobren vacunas. ¿Quiénes siguen?
Se han ofrecido varias opciones de priorización. Doy varios ejemplos de grupos propuestos: altos funcionarios del gobierno; integrantes de las fuerzas armadas; policías y bomberos; todos los demás trabajadores de salud; trabajadores esenciales para la producción, distribución y venta de alimentos; responsables de la producción de energía y del suministro de agua potable; choferes de vehículos de transporte; maestros de educación básica; etc.
Me parece que hay buenas razones para dar preferencia a estos grupos a la hora de recibir la vacuna, el problema —problema enorme— es ¿cómo determinar el orden de prioridad entre ellos? Para algunos, los militares deberían ser los primeros en recibir la vacuna inmediatamente después de personal de salud que trata enfermos de Covid. Para otros, deben ser los trabajadores de la industria alimenticia. ¿Cómo ponerse de acuerdo? ¿Hay alguna manera que no sea hasta cierto punto arbitraria para hacer una lista de prelación?
Los criterios que hasta ahora hemos contemplado son, por así decirlo, externos al organismo de las personas, es decir, no toman en cuenta los factores internos de su estado de salud. Cuando se consideran estos otros factores se abre otro abanico de opciones para el orden de prioridad en la asignación de la vacuna.
El principio general que se ha propuesto es que los primeros en recibir la vacuna son quienes más la necesitan por tener un mayor riesgo de morir por el Covid-19.
Sin embargo, no queda claro cómo poner en práctica este principio. Un criterio muy sencillo estaría basado en la edad de las personas. Por ejemplo, el día uno de la campaña de vacunación se atendería a los mayores de 90 años, el día dos a los mayores de 80, el día tres a los mayores de 70. Si se acabaran las dosis en ese día, en la siguiente tanda se comenzaría de nuevo. En contra de este procedimiento se podría decir que hay personas maduras e incluso jóvenes que tienen condiciones de salud que los ponen en un riesgo grave. Un hombre de cincuenta años con diabetes e hipertensión muy probablemente corre más riesgo que un anciano de setenta sin diabetes y sin hipertensión. Si tomamos esto en cuenta, el orden de prioridad debería ser otro: comenzar con los diabéticos y los hipertensos, no importa su edad, y luego seguir con los demás. Sin embargo, aunque este criterio está basado en datos duros, parece tan arbitrario como el anterior.
Repito mi pregunta. ¿Existe un criterio absolutamente justo para asignar la vacuna? Yo lo dudo. Cualquier decisión que tomemos tendrá algún grado de arbitrariedad y, por lo mismo, será cuestionable. Hay que saber reconocer los límites de la razón práctica.
