La crisis migratoria que se vive en Europa ha propiciado acciones que violan los derechos humanos de los inmigrantes que huyen de la pobreza, las guerras, los desastres naturales, persecuciones políticas y violencia.
Una investigación conjunta, realizada por medios de comunicación de Alemania, España, Francia y Países Bajos, denuncia la existencia de una red de centros de internamiento y deportación financiados por la Unión Europea (UE) en Turquía, donde el abuso a los derechos de los migrantes es sistemático.
Las personas detenidas y enviadas a estos centros de deportación no son sólo inmigrantes sin papeles, esto se ha extendido a extranjeros que están en medio de un proceso de renovación de permisos de residencia o por acusaciones directas de residentes turcos.
Muchos de los entrevistados denunciaron ante medios internacionales que son golpeados y maltratados durante las detenciones y en los centros de internamiento, donde sufren torturas de parte de la policía y los guardias.
Además, los espacios en donde son encerrados se encuentran a su máxima capacidad, pues cada mes se detienen entre 15 mil y 25 mil inmigrantes. Este hacinamiento provoca enfermedades físicas y psicológicas a los internos y hay registros de intentos de suicidio dentro de dichos centros.
Los migrantes detenidos no tienen derecho a comunicarse con el exterior y son muy pocos los que logran hablar con algún abogado para que lleve su defensa legal.
Lo más preocupante de éstos es que los inmigrantes son obligados a firmar sus papeles de deportación, inclusive hacia países que están en conflicto como Siria o Afganistán, cuando las personas precisamente huyen de conflictos bélicos y según las leyes de la Unión Europea tienen derecho a solicitar una residencia temporal como refugiados.
Al ser inmigrantes sin papeles tienen miedo de hacer las denuncias correspondientes, ya que creen que eso podría afectar sus procesos de migración de manera negativa, por lo que se sienten condicionados por ser extranjeros sin derechos en un país que intenta detener su viaje a toda costa.
Según esa investigación periodística, la Unión Europea lleva financiando estos infiernos de detención y deportación en suelo turco desde el año 2016, cuando los países miembros firmaron el acuerdo para frenar la inmigración con la supuesta intención de integrar a los extranjeros que huyen en busca de una vida mejor.
Desde la firma de este convenio entre Europa y Turquía se planeó la construcción de estos inmuebles que se han multiplicado y, según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía, actualmente hay 32 centros en funcionamiento, de los cuales la Unión Europea admitió haber financiado 14; sin embargo, según documentos que obtuvo el diario español El País, hay presencia de apoyos financieros en todos.
Varias instituciones de derechos humanos han denunciado las prácticas inhumanas dentro de estos centros de deportación y, a pesar de ello, la Unión Europea continúa financiándolos.
Como respuesta a esta investigación, Bruselas intenta desmarcarse de las graves acusaciones en contra de estos centros de detención, que sirven como obstáculo para la llegada de inmigrantes a Europa, y asegura que los responsables de investigar las acusaciones de maltratos y abusos son las autoridades turcas.
La misión principal de estos centros de internamiento y deportación es que los inmigrantes no pongan un pie en territorio europeo, sin importar las causas de su largo y peligroso viaje para escapar de la desigualdad, la guerra o cualquier otro problema que hace dejar a millones de personas sus países de origen en busca de una vida mejor.
