Las últimas revelaciones de corrupción en el sector energético demuestran cómo las empresas extranjeras utilizaban su poderío económico para corromper a funcionarios mexicanos en favor de sus intereses y esos contratos transexenales hechos en el gobierno de Enrique Peña Nieto se han tenido que renegociar con Andrés Manuel López Obrador y, en el mejor de los casos, han sido cancelados por los sobornos que transnacionales como la neerlandesa Vitol, principal comercializadora de combustibles en el mundo, otorgaron a exservidores públicos de Petróleos Mexicanos.
El caso Odebrecht es sin duda uno de los principales casos de corrupción en el sector energético que involucran a todo un gobierno, el de Enrique Peña Nieto, y a los más altos niveles de la política mexicana, en donde está también involucrado el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray. Sin embargo, no es el único caso en el que empresas extranjeras corrompen a funcionarios en beneficio de sus intereses económicos y en contra de los de la sociedad mexicana.
Esta multinacional, fundada en Países Bajos que comercializa productos energéticos, actuó de forma similar a Odebrecht en distintos países y con un esquema de corrupción y sobornos a funcionarios para obtener contratos.
En el caso de Vitol, la multinacional europea, intentó mantener en silencio su estrategia corrupta pagando una multa de hasta 135 millones de dólares por el soborno de funcionarios en México, Brasil y Ecuador. Toda esta información se dio a conocer por una investigación que se llevó a cabo en una Corte de Nueva York, Estados Unidos.
Curiosamente la empresa de energéticos se comprometió a pagar las deudas, pero en ninguno de los países en los que se realizaron negociaciones ilegales se ha dado a conocer los nombres de los exfuncionarios petroleros involucrados, por tal motivo el gobierno de López Obrador rechazó el pago de la multinacional por 30 millones de dólares hasta que se revele qué directivos de Pemex estuvieron al frente de estas negociaciones.
El Presidente de México aprovechó este caso para llamar a los gobiernos que revelen información, en estos casos, que involucran a servidores públicos en defensa de la transparencia para asegurar la democracia y el derecho a saber de la sociedad mexicana.
No basta con que la multinacional pague una cifra por su estrategia corrupta de hacer negocios, porque si queremos que se termine la corrupción en nuestro país tiene que haber consecuencias legales en contra de todos los involucrados.
