Esta semana, el presidente Andrés Manuel Lopez Obrador denunció la complicidad entre políticos mexicanos y empresas transnacionales españolas que, al finalizar sus mandatos en el sector público, son beneficiados con cargos de primer nivel dentro de sus filas, a cambio de contratos leoninos otorgados desde su posición privilegiada en el gobierno. Una acción que se presta para actos de corrupción disfrazados y que son prácticas que solamente, dijo el presidente, hacen estas grandes transnacionales en México y no en España.
Lopez Obrador tiene razón al denunciar estas prácticas que en el papel no son ilegales, pero sí son inmorales y permiten la corrupción en los más altos niveles de gobierno, pero se equivoca cuando dice que esto no sucede en España. Estas prácticas que parecen premiar a funcionarios de gobierno tras su paso por la administración pública en beneficio de las empresas privadas forman parte de una actividad bien aprendida y utilizada en territorio ibérico.
Según datos de medios españoles, cuatro de cada 10 exministros en España acaban en puestos de alto rango en administraciones empresariales y son afiliados tanto del Partido Popular como del Partido Social Obrero Español, las dos grandes fuerzas políticas del país.
Un caso muy sonado fue el de Rodrigo Rato, quien fue vicepresidente de gobierno y ministro de Economía durante la administración de José María Aznar y que posteriormente tomó el cargo como presidente de la entidad bancaria Bankia y como asesor del banco Santander y de la empresa de telecomunicaciones Telefónica. El también exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional ahora está cumpliendo una condena por apropiación indebida en el famoso caso de las tarjetas Black.
Curiosamente en España las empresas que tienen entre sus filas a más exfuncionarios son los bancos, las eléctricas y las grandes constructoras, actividades que dependen de la legislación de los gobernantes.
Muchos son los casos de ministros españoles que tras su paso por la administración pública toman un cargo en empresas privadas con sueldos privilegiados. En México tenemos nuestros propios ejemplos de las puertas giratorias en la política. Como el caso de la exsecretaria de Energía, Georgina Kessel, y del mismo expresidente mexicano Felipe Calderón, que se fueron a trabajar a Iberdrola, una de las empresas más importantes de energía en España.
Aunque esta práctica no es ilegal ni en España ni en México y en el país ibérico requiere de un periodo de incompatibilidad de dos años para que exfuncionarios puedan trabajar en el sector privado, la realidad es que se pone en entredicho la ética que hay detrás de estas acciones.
Recordemos el caso del expresidente Ernesto Zedillo, cuando privatizó los ferrocarriles y a su salida del gobierno se fue a trabajar como asesor a una de las empresas beneficiadas, o quien fuera impulsor del Fobaproa y que después trabajaría en uno de los bancos rescatados.
Ciertamente no se pueden cerrar las puertas al intercambio de trabajadores entre los sectores público y privado, más si se pretende tener a los más capacitados en cada área administrativa en beneficio del país, pero se debe legislar y procurar investigar cada caso en específico para evitar conflictos de interés en beneficio de unos cuantos a costa de la mayoría.
