Cuando, hace 10 años, se aprobó la reforma político-electoral de 2014, se determinó, en una disposición transitoria, que el Gobierno federal 2018-2024 iba a durar “sólo” 5 años y 10 meses, y no 6 completos.
El propósito fue adelantar la fecha de toma de protesta presidencial al 1 de octubre, y ya no el 1 de diciembre, como fue la tradición de todo un siglo, iniciando en 1920 y hasta 2018.
Nadie pensó, al aprobar ese cambio, que terminaría determinando una coincidencia prácticamente exacta del final del gobierno de López Obrador con el décimo aniversario de la masacre de los estudiantes de Ayotzinapa.
Considerando que no hay alternancia, la contundencia con que ganaron en las urnas, el hito de la primera mujer en la Presidencia y que, básicamente, es el mismo grupo político el que va a gobernar a partir del próximo martes, se supondría que estaríamos viviendo un soleado día de campo guinda. Pero nada más lejos de ello. En los días previos al cambio de gobierno, destacan, al menos, tres conflictos importantes que empañan la sucesión: la década de Ayotzinapa, las incesantes protestas por la aprobación de la reforma al Poder Judicial y la tremenda ola de violencia desatada en Sinaloa, entre otras regiones del país, por el caso del narcotraficante Ismael Zambada.
Con el paso del tiempo, y dada la falta de resultados en la investigación, padres y representantes de los normalistas le han dado la espalda al Gobierno y han proferido, con toda razón, las más duras críticas, que van en el tenor de abandono, traición y acusación de represión.
Más allá de que se sabe que se trata del crimen de Estado más grave perpetrado contra población inerme, al menos desde 1968, y que (salvo una excepción en la que hay confirmación de su muerte) se sigue sin saber dónde está la mayoría de los 43 normalistas. En razón de ello, las “jornadas combativas”, que desde hace unos días se detonaron, van incrementando significativamente el ciclo de protestas contra el Gobierno.
Por el lado de la reforma al Poder Judicial, sus trabajadores y la ciudadanía que los apoya, no dan tregua ante el atropello y desaseo que puede significar el fin de la democracia pluralista mexicana. Producto de la reforma aprobada, ya se observan las primeras consecuencias: lo absurdo de que el INE, apenas este lunes que pasó, tuviera que dar inicio al proceso electoral extraordinario para la elección de ministros, magistrados y jueces que se ha de celebrar en 2025, sin presupuesto y sin la convocatoria que al efecto debe publicar el Senado. El ciclo de protestas e inconformidades nada más no cede y se suma a los sectores sociales inconformes con el Gobierno.
Finalmente, el Gobierno sigue atrapado en su laberinto con el caso Zambada, que ha detonado una nueva y muy crítica espiral de violencia en Sinaloa. Como nada más no atinan a dar una explicación de lo que la terca realidad una y otra vez se encarga de evidenciar, ¿por qué no despedirse del embajador Ken Salazar y del gobierno de Estados Unidos, generando un nuevo distractor, echándoles la culpa por este nuevo ciclo de violencia en Sinaloa? Si ya había decretado que la relación estaba “en pausa”, qué más da otra raya a la cebra.
