Por diversas —todas malas— razones, al menos tres temas relacionados con la salud pública han ocupado la agenda mediática: el repunte de casos de Covid-19, la confrontación del Gobierno con los padres de niños con cáncer y la anulación, por parte de la Suprema Corte, de toda prohibición del consumo “recreativo” de marihuana.
No es ninguna novedad que el Gobierno mexicano ha sido uno de los peores, prácticamente bajo cualquier indicador, en atender el problema de la pandemia desde sus inicios. Sin embargo, hay que reconocer que, después de un lerdo y tardío arranque de la vacunación, este proceso había avanzado razonablemente bien. Dado que la prevención y los cuidados ante la pandemia son una responsabilidad compartida entre sociedad y Gobierno, es un hecho que en las últimas semanas algunas decisiones gubernamentales no han sido acertadas. Pareciera que, una vez más, con un golpe de decisión política, se quisiera cambiar la realidad.
El miércoles de la semana de las elecciones —el último día para hacer proselitismo— se dio gran difusión a la “inigualable cifra récord” de más de un millón de personas vacunadas a nivel nacional; en contraste, después de la jornada electoral la vacunación, ciertamente, ha continuado, pero lejos de la enjundia de los días previos. El saldo: a pesar del alto porcentaje de mayores de 40 años vacunados con una dosis o ya con el esquema completo, hay una nueva ola de casos de Covid en el país, enfermedad que, hasta hoy, según las (subestimadas) cifras oficiales, acumula 234 mil muertes.
El caso de los pacientes infantiles oncológicos tal vez sea la cara más cruel e insensible de este Gobierno. Los terribles desencuentros de los familiares de esos pacientes con las autoridades de salud y las acciones a las que los han orillado, en su coraje y desesperación, están plenamente justificadas y no hay mucho más que agregar. Ésta es la faceta más lamentable, pero ni de lejos la única: el desabasto de fármacos afecta a otros grupos vulnerables, como quienes requieren retrovirales para el tratamiento del VIH. Ya sabemos la causa: en un torpe e irresponsable afán de reinventar procesos gubernamentales, en vez de mejorar la cadena de compra y distribución de medicamentos, sencillamente se optó por torpedearla.
Finalmente, moderado entusiasmo ha generado el fallo de la Suprema Corte que anula toda prohibición al consumo “recreativo” de marihuana. Sigue siendo una solución a medio camino (de esas que al Gobierno tanto agradan y que no ha querido impulsar con voluntad política): ahora, en vez de un amparo, se tendrá que gestionar un permiso ante la Cofepris, con el cual los mayores de edad podrán sembrarla, cultivarla, poseerla y consumirla. El diablo estará en los detalles, sobre todo si se considera que siguen prohibidas la importación, la comercialización y la distribución. De la urgencia de establecer políticas de prevención y de las muy entusiastas —y muy probablemente infundadas— profecías de que con esto se dará un paso gigante para resolver los problemas de narcotráfico, narcomenudeo y demás actividades del crimen organizado, la verdad, no tiene caso hablar (al menos, quizás, hasta que pasen las siguientes elecciones presidenciales).
*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.
