No es ninguna novedad el embate gubernamental en contra de diversas comunidades académicas, universitarias y científicas del país. En días recientes se presentó un nuevo ciclo de agravios.
El conflicto del CIDE, que ya se había agravado hace dos meses, enfrenta ahora un nuevo punto de quiebre. Como se sabe, la comunidad cideíta ha realizado una ejemplar resistencia desde que se diera, en noviembre pasado, el ilegal nombramiento del director general. Desde entonces, las torpezas e incumplimientos por parte de la directora del Conacyt han sido constantes. La Asamblea de Asociados, llevada a cabo el 24 de enero, representó la puntilla enderezada contra la autonomía, la pluralidad y el modelo de excelencia educativa que solían caracterizar al CIDE. Los graves e impopulares cambios adoptados a sus estatutos significan el desmantelamiento político del Consejo Académico, la eliminación de la facultad del Consejo Directivo de ratificación del nombramiento del director general —en adelante, atribución discrecional de la Dirección del Conacyt— y el cambio en la designación de la Secretaría Académica. Todas las reformas, pues, para desmantelar los equilibrios y la solidez institucional del CIDE. La poderosa imagen del escritorio intervenido del director general en la calle (“repudio al espurio”) es evidencia gráfica de la impopularidad de las medidas y el atizamiento de un conflicto que está lejos de resolverse.
A lo anterior hay que sumar las muy desafortunadas críticas presidenciales al CIDE en la conferencia mañanera del 28 de enero. Tanto el CIDE como el ITAM —otra institución frecuentemente criticada desde Palacio Nacional— son instituciones de primera, que en mucho han contribuido a la formación de profesionales de excelencia y, con ello, al desarrollo del país.
En este contexto, y a propósito del ITAM, es adicionalmente lamentable que, lejos de responsabilizarse de la ignominiosa propuesta para la Embajada mexicana en Panamá, o de reconocer el error, se ataque de “politiquería-conservadora-neoliberal” a las estudiantes que han promovido denuncias formales en contra del individuo propuesto. Venturosamente, ayer supimos que la propuesta de nombramiento no prosperó. Todo esfuerzo colectivo, que se organizó para evitar que se concretara la designación, fue descalificado. Mi solidaridad con las estudiantes del ITAM —como también con los otros casos que han trascendido en la UNAM e, incluso, dentro de Morena— ante las distintas violencias de género por este bochornoso caso.
En el ámbito local, la situación de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) no es mejor. Siguiendo los usos y costumbres federales, el gobierno de Puebla ha sido un actor que, lejos de contribuir a la solución de un conflicto que lleva siete meses, no ha hecho otra cosa que incrementarlo: a la disputa familiar y legal por el control de recursos del Patronato y Fundación Mary Street Jenkins, ha seguido una afectación inconmensurable para la comunidad de la UDLAP; y a la toma de instalaciones por parte de la policía estatal y auxiliar, le ha sucedido una serie de litigios, en parte auspiciados por el gobierno del estado, al imponer una rectoría paralela a la rectoría legítima, encabezada por Cecilia Anaya. Otro conflicto en el que, lejos de poner voluntad política para resolverlo, hay una clara intención gubernamental de intervenir en la vida universitaria.
Finalmente, aprovecho para agradecer a Adrian Castillo, Mario Navarrete y Ramiro Garza, pero, particularmente, a ustedes, ilustres lectores, por el honor de permitirme compartir un año más el espacio de Entre Colegas.
