En poco menos de un mes, el 4 de octubre, será el bicentenario del Senado en México, creado al aprobarse la primera Constitución republicana y federal que tuvo el país, la de 1824. Vaya coyuntura para tal conmemoración.
Como se sabe, hace siete meses el Presidente de la República, en el aniversario de promulgación de la Constitución, anunció una veintena de iniciativas de reforma, cuyos contenidos serían inmediatamente asimilados como plataforma de campaña de su partido. A partir de entonces se han sucedido varios trepidantes microciclos en el camino hacia la catástrofe institucional.
Los resultados electorales, la interpretación que una mayoría de las autoridades electorales (administrativas y jurisdiccionales) dieron al asunto de la sobrerrepresentación legislativa en la Cámara de Diputados, el vergonzante “chapulineo” de dos senadores electos por el PRD que se pasaron a las filas de Morena (Araceli Saucedo Reyes y José Sabino Herrera Dagdug, quienes han recibido un inclemente repudio social por el segmento de la ciudadanía que en mala hora votó por ellos) y, finalmente, los azares sobre el sentido de la votación de un senador electo por el PAN y otro por Movimiento Ciudadano, han tenido al país pendiendo de un hilo, “con el Jesús en la boca”.
Tras la aprobación en sede alterna por parte de la Cámara de Diputados, la tensión se trasladó al Senado, donde el oficialismo estaba a un solo voto de aprobar la reforma. Se llegó al punto de que ciertos liderazgos parlamentarios, sacando alguna calculadora propia de una caja de cereal, hicieron cuentas alegres para impulsar la postura que se necesitaban 85, y no 86 senadores, para alcanzar la mayoría calificada de dos tercios. Al momento de enviar esta columna, el oficialismo —habiendo acudido, al parecer, a maniobras innombrables— parece tener asegurados los 86, pero la sesión se ha suspendido indefinidamente por la entrada de manifestantes al recinto.
Ante la gravedad de la situación, valga reconocer la tenacidad de los trabajadores del Poder Judicial, de las comunidades universitarias y de la sociedad en general, que siguieron protestando y manifestándose en contra del atropello que significaría la aprobación de esta reforma. Las marchas del 1 y 8 de septiembre, replicadas en múltiples ciudades a lo largo y ancho del país, son evidencia de ello. Aplausos también a la valentía de la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, en todos los foros e, inclusive, en las calles, para defender al Poder Judicial ante la demolición que le acecha.
Es a esta integración del Senado a la que va a tocar “celebrar” dos siglos de su existencia. Ominoso momento, al estar controlado por una obtusa mayoría que, desde su instalación, ha hecho todo —al parecer más allá de todo límite legal o ético— para garantizar la aprobación de la reforma y, con ello, cercenar uno de los poderes del Estado, propinando así un golpe certero y contundente al régimen republicano y democrático en México, lo que será muy difícil de revertir.
Se sugiere, pues, que, a tono con la coyuntura del mencionado bicentenario, se entone solemnemente un réquiem por la República.
