Uno podría contribuir al desconcierto general intentando encontrar sentido a ciertos temas de coyuntura de nuestra precariedad política, como los desfiguros en la Celac, la aquiescencia y los coqueteos hacia los dictadores de Cuba y Venezuela, las fallas en la plataforma nacional de transparencia, el caos político y social frente al cambio de autoridades en Guerrero, la infame embestida del Gobierno federal y la FGR contra un grupo de científicos... —pareciera que en el uso faccioso, sectario y partidista de la justicia, un vasito de agua y una averiguación previa actualmente no se le niegan a nadie—, abstengámonos y mejor veamos la conmoción global que está desatando el caso de los Pandora Papers.
Haga el lector un recuento de cuándo fue la última ocasión en que los titulares de los más serios e importantes (y de los otros también) periódicos y portales noticiosos, coincidieron en tener como nota central un mismo tema. Posiblemente, las últimas ocasiones que esto ocurrió fue para reportar los más relevantes sucesos relacionados con la pandemia del Covid-19. No suele ocurrir frecuentemente, dada la diversidad de noticias de coyunturas —internacionales y domésticas—, que compiten por los titulares. Queda clara, pues, la indudable centralidad noticiosa de las primeras informaciones relativas a los Pandora Papers, que empezamos a conocer hace unos días.
Como se sabe, los Pandora Papers encuentran su más directo antecedente en 2016, con los Panama Papers, producto del trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (conocido como ICIJ, por sus siglas en inglés), con la participación de alrededor de 600 periodistas de más de 100 países. Lo relevante del caso, actualmente en desarrollo, es que se trata de la más grande filtración que se haya hecho de presuntos ocultamientos y triangulaciones financieras de las que se tenga conocimiento, e involucra un listado realmente impresionante de personas, incluyendo, por lo que hasta ahora se sabe, al menos a 35 jefes y exjefes de Estado y de gobierno (14 de ellos de América Latina) y unos 330 políticos al más alto nivel, en 90 países del mundo, entre otros personajes notables.
Como se sabe, una sociedad off shore no necesariamente es ilegal. Está claro el principio básico de que esos movimientos y activos deben ser permitidos por las legislaciones locales, y que deben ser consignados y declarados ante las autoridades hacendarias y tributarias nacionales. Dado que nadie está peleado con su interés, tiene toda la lógica buscar tasas de tributación menores. Sin embargo, aquí hay una grave perversión, particularmente para quienes buscan o ejercen responsabilidades en el servicio público. Lo más inminente, urgente y grave que devela este caso es que a nivel global no existen los incentivos correctos, suficientes y bien alineados para que los poseedores de patrimonios importantes contribuyan con lo que en justicia les corresponde a sus respectivas sociedades, y así crear condiciones para mitigar dos males que, desgraciadamente, hasta ahora parecen inevitables: la pobreza y la desigualdad. Y parece que tampoco existen incentivos para que quienes participan en la política, se conduzcan bajo principios éticos.
En el caso mexicano, los nombres de prominentes políticos están a la vista y han sido ampliamente difundidos. Las autoridades fiscalizadoras nacionales, de tan fácil iniciativa para proceder contra adversarios políticos, tienen ahora mucho por hacer, empezando con “los de casa”.
