Propios y extraños se quedaron sorprendidos. Apenas unas horas antes nos enterábamos de la resolución del Parlamento Europeo, que solicitaba a las autoridades mexicanas protección para los periodistas.
Luego, las primeras imágenes circuladas en redes sociales del comunicado por el que la Presidencia de la República reaccionaba, parecían clásicas fake news. Hasta entre algunos de los más entusiastas apologistas del régimen, la redacción del comunicado generaba total desconcierto. Pero, como ya sabemos, resultó que no solamente no era una ocurrencia de la cancillería, ni de la vocería presidencial, sino que la autoría de esa chirriante y desafortunada sucesión de proclamas, era nada menos que del mismísimo titular de la jefatura del Estado mexicano.
Debe parecerle muy extraño que “otros” quieran husmear en los asuntos del país; de inmediato lo interpretó como actitud injerencista (sin considerar por un solo momento que México haya pretendido evadir sus responsabilidades ante el mundo). Seguramente, antes también le pareció muy extraño que, en pleno inicio de las hostilidades de Rusia contra Ucrania, el mismísimo secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se hubiera tomado la molestia de distraerse para señalar exactamente lo mismo que los eurodiputados: la preocupación por el alto número de periodistas asesinados en México y las continuas amenazas que enfrentan.
Tanto la actuación del gobierno de Estados Unidos como del Parlamento Europeo fueron correctas y comedidas. México es, para la Unión Europea, uno de sus socios estratégicos en América Latina; ni qué decir de Estados Unidos, nuestro vecino y principal socio comercial y con el que tenemos una extensa agenda bilateral y regional. En esa lógica, es tanto del interés de Estados Unidos como de la Unión Europea que México suscriba los valores que ambos pregonan en materia de protección de los derechos humanos y la democracia (entre muchos temas), y eso está consignado en diversos tratados celebrados por el Estado mexicano. A lo anterior habría que agregarle el reciente índice de democracia de The Economist, que degradó la evaluación de México a “democracia defectuosa”.
La preocupación de europeos y estadounidenses no es, pues, colonialista ni injerencista, ni tampoco es gratuita: México es, efectivamente, el país más violento para ejercer el periodismo en una región que no se encuentra en guerra (al menos formalmente), y esto se viene arrastrando durante los últimos años. El posicionamiento del Parlamento Europeo hizo eco de lo que infinidad de periodistas, organizaciones de la sociedad civil y opositores habían venido señalando: la violencia tolerada por el Gobierno, las descalificaciones a la prensa libre y crítica desde las mañaneras, la indiferencia ante las constantes amenazas y la impunidad en la que quedan prácticamente la totalidad de los asesinatos, generan incentivos para que las organizaciones criminales gocen de patente de corso para intimidar y, en el extremo, asesinar a quienes ejercen un periodismo que les incomode.
¿Qué sentido tiene dañar una relación estratégica para el país, cuando no se consigue nada a cambio? Resulta muy difícil de entender la decisión. Ahora bien: si se trató de un nuevo distractor para desviar la atención de los problemas estructurales o de coyuntura que traen encima… pues digamos que el boomerang regresó a dar contra su frente.
