Consulta electorera

En principio, teóricamente, es buena idea multiplicar los instrumentos de participación ciudadana. Sin embargo, es una absoluta falacia que todo mecanismo de (supuesta) democracia directa sea positivo. Algunos representan un peligro y una regresión democrática. La propuesta del Presidente de la República de consultar si se ha de juzgar a prácticamente todos sus antecesores vivos en el cargo —sólo se salva de la guillotina y de la ira lopezobradorista el nonagenario Luis Echeverría—, además de un despropósito monumental, sería a todas luces inconstitucional e ilegal.

Hay que distinguir las verdaderas consultas ciudadanas, previstas en la Constitución, las leyes y/o los tratados internacionales adoptados por México, de las meramente políticas, con fines electorales o electoreros. Entre las primeras, por ejemplo, están la consulta popular establecida en el artículo 35 de la Constitución —que expresamente prohíbe referirse a cualquier restricción a derechos humanos—, o bien la consulta a los pueblos indígenas en la elaboración de los planes de desarrollo (artículo 2º) o sobre cambios administrativos y legales que pudieran afectarles (Convenio 169 de la OIT).

Las otras no tienen asidero constitucional ni legal, ni método, ni rigor estadístico, ni cadena de custodia, ni organizadores imparciales, y se utilizan para reforzar decisiones políticas previamente adoptadas, dizque revistiéndolas de “legitimidad democrática”. Una táctica engañabobos, pues, que, por cierto, no es nueva: se le ocurrió a un tal Napoleón Bonaparte. Se le conoce como “cesarismo plebiscitario”.

Ahora se cierne la sombra amenazante de una perversión democrática mayor aún: intentar arropar, bajo la figura de consulta popular, al linchamiento al que se pretende someter en los próximos meses —o sea, mientras se desarrollan las campañas electorales— a los expresidentes de la República.

Sí pues: todo partido en el Gobierno quiere ganar elecciones, mantenerse en el cargo e incrementar su respaldo legislativo; eso es normal y no tendría por qué asustar a nadie. Pero son inadmisibles las permanentes descalificaciones del Presidente de la República a las autoridades electorales, su constante necedad de querer ser él mismo el eje de todas las campañas, su intento —ya descartado— de que la consulta sobre la posible revocación de mandato coincidiera con la jornada electoral de 2021, y ahora ese enorme despropósito de una consulta sobre si juzgar o no a los expresidentes. Cesarismo plebiscitario puro y abyecto.

Tal consulta, de realizarse, desconocería esa pequeña “molestia”, esa cosita de nada llamada Estado de derecho. La garantía de un juicio justo y el cumplimiento del debido proceso son derechos humanos que tenemos todos (incluyendo a los expresidentes, por más impopulares que puedan ser) y no pueden ser sometidos a consulta, la que tampoco podría modificar, por ejemplo, las distinciones entre los tipos penales o sus plazos de prescripción.

La justicia no es un concurso de popularidad. Si hay elementos para iniciar un proceso contra un expresidente —o contra cualquier ciudadano— por presuntos delitos, es obligación de la Fiscalía llevarlo a juicio ante los tribunales, sin consultas demagógicas de por medio, que no serían sino instrumentos de venganza política y deleznables obsesiones protagónicas.