Hay algo que no está haciendo bien el actual Gobierno en el caso del delincuente confeso Emilio Lozoya: no entender que es una oportunidad inmejorable para impartir justicia, castigar ejemplarmente a los responsables, recuperar lo más que se pueda del daño patrimonial al Estado y generar los incentivos inhibitorios adecuados para minimizar la posibilidad de repetir conductas corruptas de semejante magnitud.
Pero no. Las últimas actuaciones del lopezobradorismo no dejan lugar para el optimismo en este tema. Lo que vemos que se está perfilando cada vez más es un uso político y faccioso de los instrumentos de justicia para un beneficio parcial, personal y electoral. Se trataba de una oportunidad inmejorable para castigar la ejemplar corrupción que caracterizó al gobierno anterior (y hoy vemos que parece que también al Congreso).
Pero para aprovechar esa oportunidad era necesario que tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como el gobierno federal mantuvieran sus actuaciones dentro del marco de la ley, respetando el Estado de Derecho. Pero hemos visto —ya no se puede decir que con sorpresa— que, sin el menor rubor, se cumplen los deseos del Presidente sobre los derroteros del caso “Emilio L”.
Un día dice el Presidente que “sería bueno que se conozca la denuncia de Lozoya” y ¡voilá!, de inmediato se filtra el escrito. O que “sería bueno que el pueblo vea el video de los sobornos” y éste aparece mágicamente colgado en redes sociales y difundido en la conferencia mañanera.
Esto es más grave aún si se considera que la FGR es hoy a diferencia de la anterior PGR un órgano constitucional autónomo, políticamente independiente del Poder Ejecutivo y, no obstante, la vemos bajo miradas de duda por esas revelaciones cuyo origen ha señalado que indaga.
Tal vez a López Obrador no le importe que todas estas fallas hagan fracasar el proceso contra Lozoya, ya que, desde su manera de entender las cosas, es preferible estigmatizar sumariamente a sus enemigos ante la opinión pública en el cadalso de las mañaneras y las redes sociales, a esperar a que se cumpla con los largos procesos judiciales, cuyo resultado pudiera no salir a su gusto.
En esta pelea hercúlea por señalar quién es más corrupto, han circulado distintos audios y videos que evidencian actividades non sanctas en las que, entre otros, sale involucrado un hoy incómodo hermano presidencial. Aunque hagan lo mismo, el Presidente asegura que no son iguales.
Lejos de combatir eficazmente la corrupción, lo que seguramente resultará de este proceso es que, independientemente de los resultados finales de las investigaciones, habrá desconfianza en ellas; en lugar de reducirse, se incrementará la percepción sobre la impunidad; seguiremos convencidos de que la ley es pisoteada y sólo importa la venganza, a lo que no hay alternativa ni escapatoria; y por supuesto, la clase política entera seguirá siendo percibida como irremediablemente corrupta.
