La Corte frente a su decisión más trascendental

Debemos seguir insistiendo en la conversación de lo que está en riesgo en caso de aprobarse el denominado Plan B de la Reforma Electoral.

Como se sabe, es un conjunto de seis reformas legales, dos de las cuales ya han sido aprobadas, más cuatro que están en proceso de inminente aprobación. Todo esto, una vez que quedó derrotada la reforma constitucional que había promovido el Ejecutivo.

El solo hecho de la aprobación del marco de actuación de los servidores públicos para hacer propaganda personalizada, ya de por sí implica un cambio significativo en las condiciones de competencia para los siguientes procesos electorales. Pero eso es apenas la punta del iceberg.

Ya que no se pudo transformar constitucionalmente al INE, lo que se pretende es reducirlo a su mínima expresión. Lo más grave en la inminente aprobación por parte de la mayoría oficialista del resto del paquete de leyes que completan la autoritaria y regresiva Reforma Electoral, es el “destazar” —como adecuadamente se ha difundido en la conversación mediática— al INE y poner en riesgo la celebración de las elecciones presidenciales, legislativas, estatales y municipales, a celebrarse en el país en 2024, las más grandes en la historia de México.

Veamos estos dos aspectos, el de dejar al INE en estado de inanición y el de poner en riesgo la celebración de las próximas elecciones. Por lo que respecta a la compactación salvaje de la institución, hay que señalar que se pretende dar un golpe artero en el corazón de uno de entre los, de por sí, escasos servicios civiles de carrera existentes en el país, al pretender aniquilar de un plumazo nada menos que al 85% del personal del Servicio Profesional Electoral. Lo mismo hay que decir del despliegue territorial que tiene el Instituto a lo largo y ancho del país, ya que la base de la organización territorial, determinada por la Constitución, es de 300 distritos, y las correspondientes juntas (permanentes) y consejos (temporales, durante los procesos electorales) del INE quedarían irracionalmente disminuidos. También es importante señalar el descabezamiento de quien coordina las actividades de la rama administrativa del INE, su secretario ejecutivo, y lo complejo que sería que le sustituya una comisión de consejeros electorales, como lo señala la propuesta de reforma.

Vinculado con el aspecto anteriormente descrito de la reducción del personal del servicio profesional, se le dejaría a una persona lo que actualmente realizan cinco, y que tiene que ver con tareas tan técnicas y complejas como asegurarse de que el padrón y la lista nominal estén actualizados, y los datos de la ciudadanía debidamente resguardados, que los ciudadanos sorteados y debidamente capacitados integren las casillas, que éstas se ubiquen en lugares que generen confianza y certeza en su instalación y, de manera muy especial, que se cuente con el personal que ayuda al traslado de los paquetes electorales, una vez que concluya la votación, a las oficinas distritales correspondientes.

En suma, ante la evidente desconexión entre lo que mandata la Constitución para la celebración de las elecciones y lo que pretende impulsar el llamado Plan B de la Reforma Electoral, hay tal magnitud de incongruencias y regresiones en derechos que —como bien lo ha calificado Lorenzo Córdova, el presidente del INE— esa “constelación de inconstitucionalidades” debe ser detenida por el último bastión de salvaguarda de la Constitución y de los derechos: la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Seguramente, se trate de la decisión de mayor trascendencia que tenga que resolver la actual generación de ministros, para salvaguardar la democracia y la Constitución en México.