En días recientes se dio a conocer la intención del Presidente de la República de eliminar el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE), todos ellos organismos constitucionales autónomos (OCA). Ciertamente, su propuesta de eliminar a los OCA no es nueva: es, al menos, una oferta de campaña.
Hay que recordar que ya antes se aniquiló al organismo autónomo que se encargaba de evaluar la calidad de la educación (el INEE), por lo que a la ocurrencia presidencial de los últimos días se le debe abordar con la mayor relevancia.
Una de las características del peculiar proceso de transición y consolidación a la democracia en México fue el haber arrebatado funciones de Estado al Poder Ejecutivo. A la tradicional división republicana de poderes se fueron sumando equilibrios y contrapesos para limitar a un presidente con otrora enormes facultades e incentivos, para actuar arbitrariamente y con escasas restricciones. Se puede decir que una decena de OCA ya era un exceso, y que ese modelo no tendría por qué quedar petrificado para futuras generaciones; sin duda, pero ésa es otra discusión, que no debe darse en una era en la que el Presidente en funciones es tan reacio a compartir el poder, al equilibrio y a la rendición de cuentas, y tan proclive a la destrucción institucional, las pulsiones autoritarias y las regresiones democráticas.
El caso del Inai es particularmente grave. A lo largo de su joven vida institucional y las sucesivas reformas que lo han robustecido, se ha convertido en una institución central del Estado mexicano. No es casual que, junto con los derechos político-electorales, el acceso a la información pública tenga tribunales especiales para garantizar su cumplimiento. Tan elemental como conocer cifras y datos que permitan documentar tramas de corrupción. Hay que centrarse específicamente en la información de las dependencias del Ejecutivo federal y apenas en un puñado de énfasis para entender el tamaño de regresión frente a la que estamos: considérese el gasto por adjudicación directa de este Gobierno, por montos, porcentajes de contratos o cualquier otro parámetro que se quiera; o sobre el comportamiento de la extinta Oficina de la Presidencia. ¿Es gratuito que durante esta administración se interpusieran cifras récord de recursos de revisión, dada la incompetencia para responder o la inexistencia de información solicitada por la ciudadanía?
El acceso a la información pública es un derecho medular en todas las democracias, al que mucho se le ha invertido en México. ¿Cómo puede ser seria la alternativa de “dejar al gato al cuidado de las sardinas” (o sea, a la cuestionada Función Pública)? Convocar a conferencias de prensa todas las mañanas para hacer principalmente difusión y propaganda de “logros” de Gobierno no es, en modo alguno, una política de transparencia y rendición de cuentas. Y claro, así como ahora se pide la destrucción del Inai o del IFT, lo siguiente será ir por las joyas de la corona entre los OCA del Estado mexicano: el Banxico, lo que queda de la CNDH, y, por supuesto, el INE. A temblar.
