En días recientes fue difundido el Índice de la Democracia que publica anualmente la Unidad de Inteligencia del consorcio británico The Economist. Los hallazgos del estudio —en consonancia con otros instrumentos de medición sobre la calidad de la democracia en el país, como las encuestas de LAPOP o el Latinobarómetro— evidencian la preocupación por la pérdida de confianza en el arreglo democrático que hay en el país.
Las percepciones no son gratuitas, sino que están estrechamente relacionadas con acciones y omisiones del Gobierno mexicano.
Como se sabe, los principales datos del índice 2020 fueron la caída de nuestro país, de la posición 72 que ostentaba en la medición anterior, al lugar 86 (de 167) del ranking y —más grave aún— la degradación de “democracia deficiente” a “régimen híbrido”, una categoría que nos acerca a los terrenos de los regímenes autoritarios.
Hay que poner en contexto que la región latinoamericana es la que muestra mayor desafección por la democracia y que el periodo de análisis corresponde a un ciclo enteramente de crisis, esto es, de los nocivos efectos de la pandemia de Covid-19, donde las políticas adoptadas por los gobiernos para enfrentar la crisis sanitaria llevaron a la peor evaluación promedio desde 2006, fecha en la que arrancó el ejercicio. Sin embargo, esto no fue óbice para que tres (y sólo tres) países de la región fueran identificados como “democracias plenas”: Uruguay, Chile y Costa Rica, los tres en el “top 20” mundial; y que otros países de la región incrementaran sus calificaciones respecto al periodo anterior: Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, República Dominicana y Surinam, además de los tres mencionados anteriormente.
Algunos de los principales criterios de evaluación fueron la solidez de los procesos electorales, el adecuado funcionamiento del gobierno, las libertades civiles, los mecanismos de participación política y el respeto al pluralismo democrático. No es difícil advertir, ante este abanico de criterios, por qué México salió tan desfavorecido en la evaluación. Los datos del reporte permiten hacer un contexto comparativo e identificar su mal desempeño particular, que evidentemente no es culpa de una sola persona, pero tampoco resulta difícil identificar al responsable central.
No son ninguna novedad, desde que arrancó la presente administración, los embates contra los medios de comunicación y las autoridades electorales; pero sí es notorio, en el periodo más reciente, su recrudecimiento. No deja de ser muy significativo que, al tiempo en que se divulga el estudio, se presentara un ciclo, en las escasas semanas que van del año, de asesinatos a periodistas; tampoco es casualidad el renovado brío en los ataques a uno de los periodistas más notoriamente críticos del régimen, Carlos Loret de Mola; y, lamentablemente —parece no importar cuándo se escriba esto—, se vuelve a cargar contra las autoridades electorales, particularmente el INE y algunos de sus más ejemplares y profesionales funcionarios, ahora a propósito de la celebración de la revocación de mandato, que con tanto entusiasmo (y nulo presupuesto) ha promovido el Gobierno.
Finalmente, están a la vista de todos, las incontestables evidencias de la debilidad del Estado de derecho: escándalos de corrupción gubernamental en apogeo; violencia desatada por parte del crimen organizado; acecho a periodistas, sociedad civil, oposiciones políticas y universidades… todo un empeño gubernamental para torpedear la democracia. Por lo menos el INE aún resiste y sigue funcionando muy bien.
