El domingo 1 de septiembre ocurrió una sucesión de hechos que evidencian la polarización política que lastimosamente tiene dividido al país.
En el Zócalo, la celebración del Presidente de la República, en ocasión de su sexto Informe de Gobierno; en San Lázaro, la instalación de la nueva legislatura del Congreso de la Unión, la apertura de su primer periodo de sesiones, y la entrega por parte del Ejecutivo del informe sobre el estado que guarda la administración; en el Paseo de la Reforma y en diversas ciudades del país, marchas de protesta, convocadas por estudiantes, en apoyo a los trabajadores del Poder Judicial y en rechazo de la inminente reforma en la materia. Veamos el panorama por partes.
Cuando se confirmó la voluntad política del régimen para sacar adelante una nueva versión de la reforma al Poder Judicial —en el agregado, una calca un poco más perniciosa—, de inmediato se encendieron las alertas entre los trabajadores del gremio, llegando inclusive a un paro, al que se adhirieron muchos jueces de distrito y magistrados de circuito, así como —no abiertamente, pero en los hechos— algunos de los ministros de la Suprema Corte. Al tiempo, vendrían diversos desplegados de protesta por parte de estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM, a la que se sumaron distintas comunidades de estudiantes y profesores de diversas universidades en todo el país.
La descalificación gubernamental hacia el activismo estudiantil, dio lugar a una reacción elevando la apuesta: la convocatoria a una marcha el 1 de septiembre, justo antes de que se realizara el autocomplaciente evento de Gobierno en el Zócalo capitalino. La convocatoria no sólo incluyó a los estudiantes de Derecho, sino a comunidades de estudiantes de diversas carreras y de universidades, tanto públicas como privadas, y que fue replicada en distintas ciudades del país, en apoyo a los trabajadores del Poder Judicial y en rechazo a la iniciativa de reforma.
Se trata, por supuesto, de un asunto no sólo de leyes o de estudiantes de Derecho o del Poder Judicial. Atañe a toda la sociedad en su conjunto, por los gravísimos riesgos democráticos que implica este atentado contra la independencia del Poder Judicial y la democracia constitucional y pluralista en su conjunto. La polarización, una vez más, se manifiesta: el hecho de que el Gobierno, sus aliados legislativos y su base social de apoyo sean una mayoría no significa que tengan la razón, ni tampoco que puedan simplemente imponer su visión de país como pensamiento único, por más mayoría calificada que —tramposamente— tengan o alcancen en el Congreso.
Tras la celebración de estas valientes y necesarias protestas se celebraron el evento del Zócalo y el de la Cámara de Diputados. Del primero, nada nuevo: la letanía de cifras amañadas y afirmaciones engañosas. Y, como para dejar claro que la reforma al Poder Judicial va porque va, hizo una encuesta a mano alzada, en la que la complaciente multitud presente evidentemente respaldó la selección de jueces y magistrados por voto popular, y le entregó a su Presidente muchos, muchos aplausos enardecidos.
En el Palacio Legislativo de San Lázaro, lo que debió ser un acto republicano de la entrega por escrito del Informe de Gobierno, se convirtió en un acto matraquero. Ya pudimos ver el nivel de debate y de espectáculo que seguramente seguirá a lo largo de la Legislatura.
En suma, lo rescatable es el México de las comunidades estudiantiles y de la sociedad que lucha y resiste, ante los perniciosos cambios autoritarios que, lamentablemente, están a la vuelta de la esquina.
