Desde 1976, después de que se celebran elecciones presidenciales en México y toma posesión el nuevo gobierno, surge la imperiosa necesidad de realizar una reforma electoral “de gran calado”. Toda una constante sexenal.
Pero algunos presidentes han sido aún más audaces en sus intenciones y han buscado reformas adicionales después de las elecciones intermedias. Es el caso de López Obrador. Sin una iniciativa formal todavía, hago referencia al anuncio del actual Presidente de su intención de proponer una reforma electoral para eliminar los escaños de representación proporcional (también conocidos como plurinominales) en el Congreso de la Unión —diputaciones y senadurías—, para dejar sólo los correspondientes al principio de mayoría relativa. Dicho sea de paso, la ocurrencia no es nueva: a Enrique Peña y su priismo se les ocurrió el mismo despropósito, que obviamente terminó en el fracaso. Veamos por qué.
Hay que entender un poco de historia política del país y del contexto de dónde vienen los legisladores plurinominales. Desde 1929 y hasta antes de 1964, la integración del Congreso de la Unión era unipartidista, al estilo de las asambleas soviéticas. Sucesivas reformas fueron dando cabida y voz —así fueran testimoniales— a las distintas oposiciones políticas al entonces hegemónico PRI. La reforma política de 1962-1963 posibilitó que las primeras voces opositoras pudieran acceder como “diputados de partido” a la Cámara baja y, aunque las reglas para su reparto tenían un alto grado de discrecionalidad, fue la manera en la que la Cámara de Diputados inició un proceso que la convertiría en un motor de la transición a la democracia en México. La reforma de 1977 sustituyó a los diputados de partido por los de representación proporcional y dispuso que el 25% de la cámara, equivalente a 100 diputados, se integrara por ese principio. Posteriormente (1985), el número se duplicaría, llegando a los 200 que existen hasta hoy.
Así como hace 6 años el PRI, que en lo individual no había alcanzado ni el 30% de los votos, se reflejó en un espejismo, porque a su coalición legislativa no le había ido nada mal, ahora vemos algo similar. Véase con un ejercicio muy simple: con los resultados oficiales de los cómputos distritales del INE, en la próxima legislatura Morena y sus aliados electorales contarán con 281 diputados de 500, es decir, el 56% de la cámara; pero con la misma votación, si no existieran los diputados de representación proporcional, la coalición tendría 186 de 300, es decir, el 62% de los escaños, habiendo obtenido solamente un 42.76% de los votos.
Tal vez el actual Presidente calcule que, sin plurinominales, el escudo legislativo de su partido en 2024 podría ser más sólido. El verdadero objetivo del lopezobradorismo es evitar una debacle mayor, pues ¿cómo se construye una narrativa que justifique que, del “somos el 53%, más de 30 millones” que apoyaron a AMLO en 2018, hayamos pasado a apenas poco más de 16 millones de votantes de su partido en 2021?
Uno pensaría que un gobierno de izquierda no propondría reglas a modo, en contra de sus históricas convicciones y conquistas políticas, y que claramente significarían un retroceso de los derechos de representación y de la pluralidad política.
