Junio se ha impuesto como el mes en el que cada año se visibiliza de forma más notoria a las comunidades integrantes de la diversidad sexual. Hace 55 años, el 27 de junio de 1969, una redada en un bar de Nueva York —el célebre Stonewall— fue un punto de inflexión en la lucha por los derechos sexuales de la diversidad, no sólo en Estados Unidos, por lo que junio se considera globalmente como el mes del orgullo LGBT+.
El 25 se conmemora el Día Mundial de la Diversidad Sexual y el 28 el Día Internacional del Orgullo LGBT+. Aunque, en realidad, la temporada arranca el 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia, que se conmemora desde que, en 2004 —sí, así de reciente— la Organización Mundial de la Salud eliminó oficialmente a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales.
Así, en esta temporada suelen celebrarse las marchas del orgullo en cada vez más ciudades del mundo. En el caso particular de la Ciudad de México, el sábado 29 de junio se celebrará la 46ª edición. Resulta peculiar la manera en que conviven ahora dos grandes intereses: por un lado, si bien es indiscutible que mucho se ha avanzado en términos de derechos, la marcha pone énfasis en los rezagos y demandas para lograr la plena igualdad de derechos para una comunidad históricamente discriminada; pero, a la vez, es igualmente importante su aspecto festivo, liberador, visibilizador y normalizador. Y, bueno, como sucede en el ciclo navideño y otras festividades populares, se agrega, por supuesto, un componente comercial y publicitario cada vez más importante a la temporada de la diversidad, en el que participa un siempre creciente número de marcas, empresas e instituciones públicas y privadas.
Lastimosamente, los distintos tipos de violencias contra colectivos de la diversidad sexual siguen estando presentes en México y en el mundo. Centremos la mirada en las recientes elecciones nacionales: de entre las personas de la diversidad que aspiraban a cargos de elección popular, al menos tres, Miguel Ángel Zavala, Samantha Gómez Fonseca y Miriam Ríos (las dos últimas, mujeres trans) fueron asesinadas. En total, en el gobierno en turno, desde 2019 y hasta lo que va de 2024, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio reporta 383 casos de asesinatos y desapariciones contra Personas LGBT+.
La discriminación está lejos de ser erradicada y las políticas públicas de este gobierno en nada han ayudado a combatirla. En diciembre pasado, distintos colectivos de activistas se manifestaron en las oficinas de Censida contra de la serofobia y el desabasto de medicamentos y retrovirales para prevención y atención a pacientes con VIH/SIDA.
En algunos lugares del país los gobiernos estatales han suplido esa deficiencia, aunque también es importante recordar que la conquista por los derechos de la diversidad ha sido desigual en distintas ciudades y estados del país y no todos los ejecutivos y congresos locales han tenido voluntad para impulsar la agenda de derechos LGBT+.
Y para rematar, no dejar de recordar que, en la que posiblemente sea una de las declaraciones políticas más transfóbicas que un jefe de Estado haya emitido, el saliente presidente mexicano se refirió a una diputada trans como “señor vestido de mujer”, algo que, por más que se haya querido minimizar o dejar zanjado, sigue siendo muy revelador y manifiesta una profunda impronta política.
