El fallido fallo de la Suprema Corte

Las decisiones de la Suprema Corte frecuentemente tienen profundas consecuencias políticas —eso a nadie debe sorprender, pasa en todos los países—, pero la constitucionalidad de la consulta para linchar a los expresidentes cae en el terreno de lo partidista.

Lo que acabó por avalar la mayoría de los ministros terminó siendo una abdicación en beneficio político personal del titular del Ejecutivo. Sólo se esperaba que la Corte cumpliera con su papel de defensor de la constitucionalidad; nadie, absolutamente nadie en su sano juicio, le pediría a la cabeza del Poder Judicial que asumiera un papel de oposición política ante la figura presidencial y su movimiento político-electoral. Pero parece que a algunos ministros les quedó el saco (la toga, pues) y pensaron que pronunciarse contra la consulta equivalía a convertirse en “oposición”. Así, sucumbieron a la presión y decidieron no ser un tribunal de Derecho, sino de opinión pública. Queda la casualidad de que en esta importantísima definición político-partidaria acompañaron al ministro presidente —quien ya había dado algunas señales de ajuste político— los tres ministros propuestos por López Obrador y nombrados por el Senado en el presente sexenio.

Honor a quien honor merece: lo redondo del proyecto del ministro ponente Aguilar, la argumentación de la ministra Piña, los votos de los ministros Pardo y Franco; pero sobre todo, con mención honorífica, la contundente argumentación del ministro Javier Laynez Potisek, no sólo por su advertencia sobre el desastre de aprobar tal inconstitucionalidad, sino sobre todo porque interpretó como ningún otro —con incisiva sensatez— lo penoso y crítico del momento, y porque pronunció las sencillas y contundentes frases que resumen el descontento con este atropello constitucional: “eso no se hace” y #LaJusticiaNOSeConsulta. Un “momento RBG”, pues.

Tras esa primera votación, cambiaron la redacción de la pregunta de la consulta y nos dejaron francamente un engendro. Más allá de que no resiste un análisis lógico-gramatical de mínima calidad, cualquier principiante en el área de opinión pública le encontraría, al menos, unos siete problemas. Veamos:

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes [¿juicio, inhabilitación, coscorrón, mención VIP en las conferencias mañaneras?], con apego [palaba dominguera] al marco constitucional y legal, para emprender [¿como las Pymes?] un proceso de esclarecimiento [¿…que consistiría en qué?] [no aclaren, que oscurecen] de las decisiones políticas [¿cuáles de todas?] tomadas en los años pasados [si la consulta será en 2021, ¿esto incluye la negligencia en el manejo del Covid y otros muchos desastres gubernamentales en 2020? ¿O qué tan atrás en los “años pasados”? ¿Van por Iturbide?] por los actores [se salvaron las actrices] políticos [¿quiénes son?], encaminada a garantizar la justicia [¿con este precedente?] y los derechos de las posibles víctimas [¿y a éstas las defenderá, más allá de presiones políticas, una Suprema Corte como la que hoy tenemos?]?”.

Y lo peor de todo: la mayoría de los ministros de la Corte avaló la intromisión del Presidente en la campaña electoral. Como si fuera una marca de agua o un holograma, AMLO estará, el próximo año, en la boleta.