Estado forajido

ENTRE COLEGAS

Horacio Vives Segl<br>*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.<br>
Horacio Vives Segl*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón. larazondemexico

Hace 17 años, en 2007, Noam Chomsky escribió un libro destinado a ser una referencia desde entonces en las ciencias sociales.

El famoso politólogo, lingüista, filósofo, activista e intelectual, así como uno de los más prominentes críticos de la política exterior de Estados Unidos, consolidó su reputación con la publicación de Estados fallidos. El abuso de poder y el ataque a la democracia. Lo candente de la —al parecer— cerradísima elección presidencial que se avecina en ese país, nos da un buen motivo para revisitar aquel texto de Chomsky.

Hay dos conceptos clave en el libro que merecen la pena recordar. Desde luego, el que le da título, Estado fallido, así como la categoría de Estado forajido que, a su vez, remite a la obra de John Rawls, quien acuñó el término outlaw state. A grandes rasgos, la distinción entre ambos se centra en el hecho de que el primero resulta incapaz de garantizar a su ciudadanía condiciones de seguridad ante la violencia, mientras que el segundo ve con absoluto desprecio al orden jurídico internacional. El Estado forajido, por tanto, implica una fuerte voluntad evasiva respecto al sometimiento a las reglas del derecho.

Hay que señalar, ciertamente, que desde la aparición del libro se ha vuelto de uso común el término de Estado fallido; pero, también, que se ha abusado de él en multiplicidad de ocasiones, con frivolidad y ligereza. Especialmente durante las campañas políticas, por parte de partidos opositores que usan, bajo cualquier pretexto, esa expresión para señalar que el Gobierno en turno ha fracasado en ésa que es su responsabilidad primaria hacia la ciudadanía: la seguridad. Dado que el Estado es el único que puede utilizar la fuerza legítima para imponer el orden, se considera que la garantía de seguridad es el sustento más poderoso del (tácito e imaginario) contrato social que como civilización nos hemos dado: las y los ciudadanos renuncian al uso individual de la fuerza y esa atribución se le concede en exclusiva al Estado para la protección de la colectividad.

Se mantiene, más de tres lustros después de la publicación de la obra de Chomsky, la interrogante sobre qué tanto o en qué medida esos conceptos de Estado fallido y Estado forajido pueden aplicarse a la realidad de un país imaginario o no tan imaginario.

Por ejemplo, un país en el que hay un estado norteño que tiene azotada a su población a sangre y fuego, todos los días, por la rivalidad de dos organizaciones criminales y en cuya ciudad capital, a plena luz del día, se cometen atentados con armas de fuego en sus más céntricas calles; mismo país en donde, en otro estado, se asesina a un sacerdote jesuita defensor de la comunidad; mismo país en el que, en otro estado, aparece decapitado el presidente municipal de su capital; mismo país en el que desde el partido en el poder se manifiestan abiertamente en desacato a los mandatos judiciales y se comanda la destrucción de la autonomía de la judicatura, incluyendo el anuncio, en el Poder Legislativo, de una iniciativa para desconocer por completo, en el texto mismo de la Constitución, las obligaciones internacionales reconocidas y aceptadas por ese país, en materia de derechos humanos.

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Carlos Urdiales