INE, año 8

Antier se cumplieron 8 años del comienzo de funciones del Instituto Nacional Electoral en sustitución de su antecesor, el IFE. A mi juicio, en este breve periodo, el último año fue el que representó los mayores desafíos —ciertamente, muy bien resueltos— para la máxima autoridad administrativa encargada de la celebración de elecciones en México. Veamos por qué.

En los últimos 12 meses, el INE ha tenido que desahogar una muy relevante agenda de actividades. De entrada, 4 procesos constitucionales: la recta final de las elecciones más grandes que hayan ocurrido en el país por el número de cargos en juego, tanto en la rama administrativa como legislativa, en junio de 2021; la desafortunada primera consulta popular sobre un eventual juicio a personajes del pasado —cualquier cosa que eso haya querido decir—, en agosto de 2021; la que actualmente está en curso, la revocación de mandato, a efectuarse el 10 de abril; y las próximas elecciones locales, en las que estarán en juego 6 gubernaturas, en junio de este año. Todo lo anterior, sujeto a estrictos protocolos sanitarios, por realizarse durante la pandemia de Covid-19, por momentos con picos de contagios graves.

A eso hay que sumar la celebración de algunos comicios extraordinarios, derivados de las anulaciones de un puñado de elecciones impugnadas; la realización de la consulta infantil y juvenil de noviembre de 2021; como curiosidad, la participación como observador en la reposición del proceso de legitimación del contrato colectivo de trabajo de General Motors en Guanajuato; además de sus actividades ordinarias, como la entrega de credenciales para votar —el instrumento más universal de identificación en el país—, la fiscalización de partidos, la administración de tiempos en radio y televisión y las tareas de educación cívica, por citar apenas algunas de las funciones constitucionales, entre muchas otras, que ejecuta el INE.

Pero, posiblemente, la labor más loable que ha realizado en estos tiempos es la defensa constante de su autonomía constitucional y su independencia política, ante la permanente campaña de embates que ha recibido desde el oficialismo. Esto no es nuevo ni exclusivo, pero el proceso de revocación de mandato lo ilustra de forma contundente.

La figura de la revocación de mandato no estaba contemplada en la reforma político-electoral que dio origen a la creación del INE en 2014, y, ciertamente, no fue el INE el que solicitó organizarla; fue una reforma constitucional aprobada en 2019 —avalada, evidentemente, por los partidos lopezobradoristas— la que se la encomendó al INE, en términos que ahora no les gustan y que no se han cansado de descalificar. Fue esa reforma la que, a nivel constitucional, impuso una mordaza a los servidores públicos, que les imposibilita hacer propaganda a favor o en contra de la revocación. Ahora, toda la enorme difusión que ha hecho el INE, cumpliendo con sus atribuciones, les parece insuficiente. Y, por si no bastara el cúmulo de embates y descalificaciones que se han realizado desde la conferencia mañanera y otros foros de proselitismo gubernamental, llegaron, incluso, a presentar denuncias penales contra un grupo de consejeros electorales y el Secretario Ejecutivo del Instituto.

No es gratuito que el INE sea una de las instituciones más apreciadas por la población en México. Es nuestro deber seguir respaldándolo.