Como resulta obvio e inevitable, es pertinente hacer un análisis del Gobierno federal que concluyó el lunes pasado.
Una lectura para entender el alcance del legado destructivo que deja a su paso, no sólo como saldo de su acción (o inacción), sino también de las amarras que deja a la administración entrante, la agenda de importantes desafíos por resolver y la limitación en grados de libertad para atender los graves problemas del país.
La destrucción de las instituciones de la democracia constitucional pluralista que se había logrado ir construyendo en el país —con grandes esfuerzos—, durante las tres décadas previas, es sin duda el rasgo distintivo del Gobierno que concluye. El sexenio terminó como empezó: en plena transición, cuando todavía no tenía las riendas del Gobierno, en 2018, el entonces Presidente electo justificó con una “consulta popular” la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco, con las consecuentes pérdidas, más los enormes costos de construir el AIFA, por cumplir un capricho; y cierra con la más grave de las decisiones dirigidas contra lo que queda de democracia: la aprobación, por parte de la aplanadora legislativa oficialista, de la reforma del Poder Judicial.
Otro de los sellos distintos del Gobierno fue el uso de las conferencias diarias, no como instrumento de rendición de cuentas, sino como espacio propagandístico que, a la vez, sirvió para polarizar a la sociedad, utilizando los recursos del Estado para consolidar su modelo de populismo. Este crucial instrumento de Gobierno —violatorio, a juicio de muchos, del artículo 134 constitucional, que regula la propaganda gubernamental— fue un foro para hacer propaganda personalizada, mandar mensajes para garantizar la lealtad de los feligreses del régimen y detonar la cargada contra instituciones y personas que lo incomodaran.
Otro de los capítulos más obscuros tiene que ver con el tratamiento de la pandemia de Covid-19. Por los años en que ocurrió, le tocó de principio a fin atender la emergencia sanitaria, lo que hizo de manera gravemente irresponsable: negligencia y falta de voluntad para afrontar con sentido de Estado el confinamiento, y la mala decisión de concentrar en el Gobierno y no distribuir en miles de puntos los centros de vacunación. Adicionalmente, el desmantelamiento del Seguro Popular y su imperfecta sustitución por el IMSS-Bienestar son algunos de los saldos que deja el Gobierno en salud pública.
Más allá del cierre en prácticamente 200 mil homicidios violentos, las desapariciones, los feminicidios, las muertes de periodistas y defensores de derechos humanos durante el sexenio, dan cuenta de que en materia de seguridad el balance gubernamental también es reprobatorio.
El crecimiento económico fue el más bajo en 36 años. El Gobierno tuvo tres vocaciones claras de gasto: las dádivas clientelares, las obras faraónicas de dudosa utilidad pública y rentabilidad (el Tren Maya, la refinería y el AIFA, así como otras ocurrencias como la “mega farmacia”), y el empeño en aplicar recursos, so pretexto de “seguridad nacional”, de manera directa, opaca y con dificultades para fiscalizar.
En suma, la nueva Presidenta asume con estos “dones” heredados, junto con una multiplicidad de compromisos y restricciones.
