Vamos a dejar de lado los efectos económicos de la contrarreforma energética, que propone el predominio de la Comisión Federal de Electricidad en la generación de electricidad.
Olvidemos por un momento las consecuencias que tiene un cambio arbitrario de reglas, el daño a la certeza jurídica para generar inversión, y la violación de los compromisos a los que el Estado mexicano se ha obligado mediante distintos tratados internacionales —por citar rápidamente, el T-MEC y el Acuerdo de París—, con el riesgo de interminables y costosísimos litigios; obviemos el impacto en el aumento del gas natural y del petróleo, por el costo de producción de la electricidad, así como el nulo entendimiento de la urgencia medioambiental de invertir decididamente en la producción de energías limpias, en vez de esa vocación regresiva de seguir apostando por los combustibles fósiles… aislemos todo eso —y más— y centremos nuestra atención en el componente político.
No sin razón, hay quienes afirman que el discurso presidencial tiene a sus destinatarios directos en cierto edificio de Buenavista, y que la definición de lo que habrá de hacer el PRI, vendrá más por presiones exógenas que por reflexiones y decisiones internas. Lo cierto es que no es, de ninguna manera, una decisión inocua. La ambigüedad y las declaraciones cruzadas de las cúpulas priistas, recuerdan el aún reciente episodio de su postura frente a la militarización en el mando de la Guardia Nacional.
La iniciativa de reforma constitucional en materia de electricidad tiene efectos políticos profundos. Pretende meter al PRI en una definición que, más allá de la coyuntural contrarreforma, supondría una brújula para su comportamiento estratégico en la actual Legislatura y de cara a la sucesión presidencial de 2024. Los resultados de las pasadas elecciones federales y la conformación de la actual Cámara de Diputados indican que al Gobierno le es necesario un esfuerzo de cooperación o de cooptación legislativa, para alcanzar los votos faltantes que requiere para alcanzar la mayoría calificada de 2/3, requerida para aprobar reformas constitucionales. A pesar de las dificultades de generar una alianza electoral de los partidos que encabezaron la transición democrática (PRI-PAN-PRD), los resultados quedaron a la vista, pues recortaron su distancia ante el bloque de apoyo al Gobierno, en comparación con lo sucedido en 2018 y consiguieron, al menos, la capacidad de bloquear reformas constitucionales. Hoy el PRI, específicamente, se encuentra ante la disyuntiva de acabar con esos logros. Si sus diputados y senadores terminan por aprobar la contrarreforma energética, en los términos en que está planteada, no sólo irían en la ruta opuesta de las reformas impulsadas por gobiernos previos, emanados de ese mismo partido, sino también —al romper la alianza— estarían abriendo la puerta a otras posibles reformas regresivas, como la electoral. Habría que preguntarse seriamente si quienes votaron por el PRI, en las elecciones recientes, deseaban algo así.
Vamos a ver en qué quedan las declaraciones, los acuerdos, la visita a la OEA en Washington, como acciones incipientes para trasladar la alianza electoral a una alianza legislativa y política de cara a 2024. Dicen que, más que presiones, hay presionados. Ya se verá.
