Proteger al Tribunal Electoral

Los procesos electorales presentan desafíos, litigios, problemas, disposiciones que se aplican por primera ocasión y que son impugnadas.

Es así que una serie de asuntos que terminan por dirimirse en la cancha de los árbitros electorales: el INE, los organismos públicos locales, los tribunales electorales locales y —en última instancia en nuestro sistema electoral— el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), específicamente, en su Sala Superior, cuyas decisiones son definitivas e inatacables. Es decir, se deben cumplir sí o sí.

El proceso electoral 2023-2024 que se avecina será, sin duda, el más complejo y el que mayores desafíos representará para el TEPJF. No sólo porque el régimen ha decidido no respetar los tiempos establecidos en la ley, maquinando una enorme simulación en el proceso anticipado de búsqueda de su candidatura presidencial (con la ley vigente, las precampañas sólo podrían iniciar hasta la tercera semana de noviembre), sino también por la gratuidad y el desparpajo con que se ha atacado y descalificado cualquier decisión de las autoridades electorales que no guste al oficialismo. El frente opositor, por su parte, tampoco se ha quedado atrás en el adelanto de reloj político y la consecuente infracción a la legalidad.

Se ha dicho con mucha ligereza y falta de memoria que para las elecciones de 2000 o 2006 las entonces oposiciones arrancaron sus procesos de definición de candidatos presidenciales mucho antes de los términos previstos en la ley. Para aquellos desmemoriados, desinformados o, directamente, malintencionados, hay que señalar que en esos entonces no existía el concepto de precampañas en la ley, sino que es producto de la reforma electoral de 2007, que sigue vigente.

Es por ello que, mucho antes del inicio formal del proceso electoral, el Tribunal Electoral deberá emitir una serie de fallos que serán cruciales para delimitar los linderos de las trampas a la normatividad electoral que detonó el partido gobernante cuando determinó que la selección de la candidatura presidencial para 2024 se definiría en septiembre, en abierta contravención de la ley vigente. El TEPJF deberá pronunciarse sobre los actos de proselitismo adelantado (normas que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE emitió y que fueron impugnadas) y sobre eventuales impugnaciones contra actos proselitistas de los precandidatos —tanto los oficialistas como los opositores— que no tienen otro propósito que la obtención de la candidatura presidencial respectiva. Y una segura sucesiva cascada de recursos con los que cada partido, coalición y candidato buscará su propio beneficio.

Ante estos desafíos frontales, va a ser fundamental que el Tribunal tome las decisiones adecuadas, como garante último de la constitucionalidad y legalidad de todos los actos en materia electoral. No va a ser fácil, por las presiones políticas que sin duda arreciarán. Una saludable señal, sin embargo, fue la reciente decisión tomada por el TEPJF de registrar al Presidente de la República en el catálogo de sujetos sancionados por las infracciones cometidas en las recientes elecciones en el Estado de México y Coahuila. Más allá de que es una obviedad que en cualquier parte del mundo un gobierno espera repetir ganando las siguientes elecciones, hay cosas que superan los límites legales para un Jefe de Estado y ése es, evidentemente, el caso mexicano.