El régimen y la Justicia

La frase que mejor describe el tratamiento que el régimen le da a su relación con el Poder Judicial es —qué duda cabe—: “No me vengan con eso de que la ley es la ley”. A propósito, revisemos algunos de los últimos episodios de esa visión de la democracia, de la justicia y de la realidad misma.

En primer lugar, la decisión de la Suprema Corte que, finalmente, declaró la inconstitucionalidad de la segunda parte de las reformas electorales más regresivas en la historia democrática del país. Con ello, y en consistencia con la sentencia de hace unas semanas, echa por tierra el paquete completo de reformas que hacían prever la imposibilidad material de una organización adecuada de la elección de 2024, así como una injerencia indebida del gobierno en ellas y, derivado de lo anterior, una segura híper litigiosidad. Muy bien por los nueve ministros que, como guardianes y garantes que son del cumplimiento de la Constitución, hicieron valer su autonomía, no se dejaron presionar ante los embates políticos y mediáticos del régimen, y desempeñaron fielmente su rol constitucional de mantener el equilibro republicano y ser contrapeso ante los abusos del Ejecutivo y de las mayorías legislativas

que, en el caso, claramente se habían cometido.

Como era de esperarse, se realimentaron los duros señalamientos presidenciales contra la Corte, con renovados bríos en ataques mediáticos, la “amenaza” de una nueva iniciativa de reforma política para nombrar por voto popular a los ministros de la Corte y su inclusión, como tema constante, en las declaraciones y actos de proselitismo en las ilegales precampañas de los aspirantes oficialistas a la

candidatura presidencial.

El caso de la jueza Angélica Sánchez Hernández es, también, muy aleccionador al respecto. Es evidente la relevancia política que le ha puesto a este caso el gobierno de Veracruz, que se ha sumado a las críticas al Poder Judicial. La jueza vino a la Ciudad de México a recibir un homenaje en la Cámara alta, en el que recibió sentidas palabras de reconocimiento a su trayectoria por parte del todavía entonces líder senatorial Ricardo Monreal. Acto seguido, fue detenida y vinculada a proceso, en un extraño operativo. ¿Cuál fue el crimen de la jueza Sánchez? Dar cumplimiento a una resolución de un tribunal colegiado federal, que había determinado que las pruebas en contra de un indiciado no eran válidas para retenerlo en prisión. Sin que nadie meta las manos al fuego por el personaje involucrado en la causa penal veracruzana, dentro del proceso contra la jueza incluso se llegó a impedir a personal del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el acceso a la audiencia en la que se le vinculó a proceso.

Otro ejemplo es el de la senadora Xóchitl Gálvez, quien, habiendo obtenido un amparo por parte de un juzgado federal para poder presentarse en la denominada “mañanera” y ejercer su derecho de réplica ante acusaciones falsas que el Presidente le había imputado, se quedó con el amparo en la mano, impidiéndosele la entrada a Palacio Nacional.

Y qué decir de la actuación del grupo mayoritario oficialista en el Senado, que se ha negado sistemáticamente a nombrar a los comisionados faltantes del Inai, violando también la Constitución y acumulando ominosos desacatos —el último apenas este lunes— a mandatos judiciales que ordenan que, al menos, se nombre a un integrante del Pleno de ese órgano autónomo para terminar con su parálisis. “No nos vengan con que la ley es la ley”.