Como es sabido, el domingo pasado se celebró en México la primera consulta —una elección de carácter constitucional— para la revocación de mandato del Presidente de la República.
Un ejercicio peculiar, dada la certidumbre en el procedimiento —gracias a la extraordinaria respuesta de la ciudadanía que acudió a instalar las mesas receptoras de opinión, vigilar el desarrollo de la votación y contar las papeletas—, pero también del resultado —todo mundo descontaba que la opción por la permanencia iba a ganar de manera contundente y que la participación ciudadana iba a ser baja—. En este caso, el único margen de incertidumbre —e interés— era la tasa de participación que podría alcanzar la consulta.
Si bien el Tribunal Electoral resolverá las impugnaciones —el expediente se integra con la friolera de 382 quejas por irregularidades— y determinará el resultado oficial y definitivo de la revocación, los principales datos que arroja la jornada de votación son los siguientes: sólo el 17.7% del electorado emitió su opinión, una bajísima tasa; en números cerrados, 76 millones de electores, de los casi 93 millones que integran el listado nominal, no tuvieron interés en emitir su opinión. De entre quienes sí lo hicieron, el 91.8% se pronunció por la permanencia de López Obrador en la presidencia.
Dado que el principal interés de la jornada electoral del domingo estaba en la tasa de participación, considerando de antemano que no iba a ser un ejercicio vinculante, actualmente la batalla se da por la narrativa de los saldos de la consulta del 10 de abril. Juzguen los lectores si haber conseguido cuatro millones de votos más que las firmas requeridas para detonar la revocación de mandato, pueden considerarse un éxito, y póngase en perspectiva con los resultados obtenidos por los partidos que apoyaron a López Obrador, tanto en las intermedias del 2021 como en las presidenciales del 2018.
Para la oposición partidista que señaló el cúmulo de irregularidades y violaciones a la ley electoral durante el proceso, el desdén ciudadano a la revocación es calificado como un fracaso. Más aún si se atiende a los importantes recursos destinados por el oficialismo, para llevar a la ciudadanía a las urnas.
En todo caso, el que sí sale muy fortalecido es el INE. Como se sabe, la autoridad electoral enfrentó una andanada particularmente virulenta de ataques desde la coalición gubernamental —incluidas denuncias penales contra algunos de los consejeros electorales— y, aun así, dado el estrecho vínculo del INE con la ciudadanía, pudo organizar con recursos limitados una elección ejemplar.
Finalmente, lo que debe quedar para la reflexión es que al igual que la consulta popular celebrada en agosto del 2021 —en la que se presentó una distorsión entre la intención de los promotores lopezobradoristas en torno a juzgar a los expresidentes y lo que terminó avalando la Corte, relativo a juzgar a “personajes del pasado”, cualquiera cosa que ello signifique— como en la revocación de mandato, la indebida intromisión y manipulación de sentido por parte de la coalición política gubernamental, terminaron por demeritar los primeros ejercicios de democracia directa instaurados en México. O tal vez ésa fue justo la intención: instrumentos de democracia plebiscitaria, que flaco favor le hacen a la institucionalidad democrática del país.
